miércoles, 3 de enero de 2018

ARGENTINA: Estela de Carlotto: "No se puede dar privilegios a culpables de delitos de lesa humanidad” // “Volvemos a sentir el perfume del terror” // Etchecolatz y Hess: Una lección moral Por: Atilio Borón // Con reencuentros (nieta 127) Abuelas de la Plaza de Mayo esperan el año nuevo // Estela de Carlotto: "Tenemos que buscar la unidad del pueblo" // Los diez días que estremecieron a Macri; por Fernando Rosso // HONDURAS: Berta Oliva: “matan el tigre y le tienen miedo al cuero” // Radio Progreso:En crisis post electoral, ciudadanía ha rebasado a la dirigencia política // URUGUAY: Senadores del FA manifestaron su “inmensa sorpresa” por sentencia de la SCJ // Heridas sin limpiar en Uruguay - Secuelas del terrorismo de Estado


ARGENTINA

Estela de Carlotto: "No se puede dar privilegios a culpables de delitos de lesa humanidad”

El mismo tribunal que concedió el arresto domiciliario al represor Miguel Etchecolatz, autorizó al médico militar Norberto Bianco, —jefe de una maternidad clandestina durante la dictadura— a alquilar una casa en la costa para pasar las vacaciones.

Estela de Caroltto: "No se puede dar privilegios a culpables de delitos de lesa humanidad”.
Estela de Caroltto: “No se puede dar privilegios a culpables de delitos de lesa humanidad”.
ARGENTINA 02 de enero de 2018, 18:01hs LR21
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se refirió a la falta de pronunciación por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre el polémico fallo del 2×1 para beneficiar a represores de la última dictadura argentina.
“Si lo están pensando, espero, deseo, que sea una decisión clara de que el 2×1 no va más. El fallo es anticonstitucional porque no se puede dar privilegios a culpables de delitos de lesa humanidad”, advirtió.
El fallo firmado en mayo pasado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para beneficiar con el 2×1 a Luis Muiña, despertó un fuerte rechazo en la sociedad y un histórica movilización que llevó al Congreso Nacional a aprobr una iniciativa para evitar que la sentencia fuera aplicable a los genocidas.
El tribunal había anunciado hace meses que revisaría el fallo con el que le había concedido el beneficio del cómputo del 2×1 a Muiña, pero todavía no lo han hecho.
La titular de Abuelas aseguró que los organismos de derechos humanos “no permitirán el 2 x 1”.
“Yo creo que son personas que se juegan su prestigio histórico. Confío en que tengan en cuenta esto, que no se debe jugar con la moral”, dijo tras reprochar a los jueces que hayan postergado la resolución del expediente Muiña.

Prisión domiciliaria y premiso de vacaciones

Luego se refirió a la decisión del Tribunal Oral Nº 6 que autorizó la prisión domiciliaria del represor Miguel Etchecolatz en Mar del Plata y al permiso otorgado al ex médico militar y apropiador Norberto Bianco, jefe de la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo, para que alquilara un dúplex en Mar de Ajó, para pasar sus vacaciones. El tribunal había firmado la excarcelación de Bianco en mayo pasado por haber cumplido dos tercios de su condena.
Sobre el repudio generalizado que provocó la prisión domiciliaria de Etchecolatz destacó que “hay una población que no tiene que ver con nuestra lucha pero que no quiere estar viviendo al lado de semejante monstruo”.
Mientras que sobre el caso de Bianco, Carlotto recordó que es “secuestrador de dos niños, de los mellizos Tolosa”. “Felizmente uno recuperó su identidad y la otra joven estará esperando que la encontremos, mientras este hombre va a estar dos meses en un paraíso”, criticó.



Malestar de familiares de represores y organismos de derechos humanos por la domiciliaria a Etchecolatz
“Volvemos a sentir el perfume del terror”

Tras el traslado del ex jefe de Investigaciones de la Bonaerense, se realizaron manifestaciones de protesta en Mar del Plata. Aseguran que se trata de una “amnistía encubierta”.

Etchecolatz fue enviado a su casa por el Tribunal Oral en lo Criminal 6.
Etchecolatz fue enviado a su casa por el Tribunal Oral en lo Criminal 6. 
Imagen: Bernardino Avila
Familiares e hijos de represores repudiaron el arresto domiciliario de Miguel Etchecolatz, concretado ayer por la mañana en un barrio de Mar del Plata. Sostuvieron que ese beneficio se trata de una “amnistía encubierta” decidida por una Justicia que “empieza a borrar la idea de ‘lesa humanidad’”, y lo enmarcaron en “otra salvajada más de las que se vienen cometiendo durante los últimos dos años”. “La pesadilla retorna al barrio”, lamentaron y agregaron: “Hoy volvemos a sentir el perfume del terror.” Por la tarde se realizó un “broncazo” en la Plaza Moreno, frente a la municipalidad y los Tribunales Federales de esa ciudad balnearia, participaron integrantes de HIJOS, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares y otras agrupaciones, además de vecinos en general.
El repudio a la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal 6 fue el punto de coincidencia de las dos agrupaciones de familiares de represores de la última dictadura cívico-militar. En uno de ellos, Ex Hijxs de Genocidas, milita Mariana D., hija de Etchecolatz. “Esos genocidas que son o que fueron nuestros padres, están volviendo a sus casas, a nuestros barrios, beneficiados por jueces sin escrúpulos” y que “perdieron la conciencia y la memoria”, lamentaron desde esta organización. Según adujeron, el criterio que aplicaron esos magistrados fue el de otorgar “supuestas garantías constitucionales o condenas irrisorias, equiparando de esta manera a los genocidas con delincuentes comunes”. En el mismo tono, calificaron a Miguel Etchecolatz como “el más ejemplar” de los jefes de la última dictadura cívico-militar y sostuvieron que su presencia en una vivienda de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, hace que “la pesadilla retorne al barrio, a hogares que conocemos”.
El traslado del represor comenzó el jueves por la noche y finalizó ayer por la mañana, con su arribo a la casa del boulevard Nuevo Bosque y Los Tobas, situado en el bosque Peralta Ramos y a solo cuatro cuadras de donde vive una de las personas que él secuestró y torturó. Por este hecho, ayer fue interpuesto un planteo para que el ex comisario no sea llevado a ese lugar, pero fue desestimado por la Cámara platense.
“Con su presencia vuelven a amenazarnos, a poner en peligro el entorno familiar, a decirnos que después de todo son más fuertes –indicaron desde Ex Hijxs de Genocidas–. Hoy volvemos a sentir el perfume del terror, el sonido de sus pasos sigilosos y la angustia eterna por la justicia rota.”
El otro colectivo de familiares de represores es Historias Desobedientes, quienes sostuvieron que la domiciliaria a favor del ex comisario de la Policía Bonaerense es “una amnistía encubierta” que se enmarca en el intento de otorgar el 2x1 a los genocidas y al vaciamiento de espacios especializados en derechos humanos, como el anunciado días atrás en el Ministerio de Defensa.  
“Desgraciadamente nuestro país, está volviendo a las épocas más oscuras, dejando en libertad a sus ejecutores”, puntualizaron a través de un comunicado publicado en su página web, en el que subrayaron que “esto es otra salvajada más, de las que vienen cometiendo en estos últimos dos años”, desde el advenimiento del macrismo en el poder.
Los integrantes de Historias Desobedientes recordaron las cinco condenas a cadena perpetua de Etchecolatz por crímenes de lesa humanidad y recordaron que “este genocida gozó durante muchísimos años de libertad e impunidad”.
Además, relataron que genocidas como él, “al interior de sus familias, nunca se arrepintieron de nada de lo que hicieron, y siguen sosteniendo hoy en día que lo volverían a hacer, porque se sienten orgullos de ello”. “Desgraciadamente nuestro país, está volviendo a la épocas más oscuras, dejando en libertad a sus ejecutores”, y decisiones como la del TOC 6 “nos hacen retroceder a los peores momentos que vivimos como país”.
“Estamos acá convocados por una decisión que involucra a uno de los peores personajes de la última dictadura argentina. Coincidimos en el repudio hacia lo que hizo y representa”, expresó por su parte Guillermo Sáenz Saralegui, presidente del Concejo Deliberante marplatense, junto a la diputada Fernanda Raverta, las integrantes de Madres de Plaza de Mayo Angela Barili de Tasca y Emilce Flores, y la titular local de Abuelas, Ledda Barreiro.

Etchecolatz y Hess: Una lección moral

Por: Atilio Borón
Atilio Borón




Economista y periodista argentino, quien dirigió Clacso.
| CUBADEBATE

Foto: El Mercurio Digital.
Foto: El Mercurio Digital.
El 2017 termina en la Argentina con otra pésima noticia que se suma a otras conocidas en las últimas semanas: el Tribunal Oral Federal Nº 6 de la ciudad de Buenos Aires le concedió el genocida y torturador probado y confeso Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, el beneficio de la prisión domiciliaria a causa de su “delicado cuadro de salud”.
El personaje de marras desempeñó aquel cargo entre marzo de 1976 y fines de 1977 y fue la mano derecha de otro asesino de triste memoria, el ex general Ramón Camps. En 1986 Etchecolatz (que actualmente tiene 88 años) fue sentenciado a 23 años de cárcel al ser hallado culpable de 91 casos de tortura. Después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003 fue condenado por delitos de lesa humanidad en un juicio que se sustanció en el 2006 y donde fue el único acusado.
En esa oportunidad se lo condenó a prisión perpetua por seis homicidios. Fue en el juzgado de La Plata donde se ventilaba el caso que un testigo presencial de sus crímenes, al albañil Jorge Julio López, lo identificó como uno de los torturadores. En su declaración narró entre otras la siguiente escena: “La chica estaba casi a mi lado, en un camastro. Le habían tirado un baldazo con agua y Etchecolatz le pasaba picana…y ella le gritó:
“Por favor no me mates, llevame presa de por vida pero dejame criar a mi beba”…y él le sonrió…y delante mío le pegó un balazo ahí mismo. Si la encuentran alguna vez, verán que la cabeza tiene dos agujeros, porque la bala entró por la nuca y le salió por el costado”.
Conocida la sentencia, los fotógrafos advirtieron que el genocida había escrito el nombre de López en un pequeño papel, y también una orden: “secuestrar”. El mensaje fue a parar a manos cómplices y obedientes. Tres horas después, López desaparecía para siempre.
Teniendo a la vista estos antecedentes, ¿debería concedérsele a Etchecolatz el beneficio de la prisión domiciliaria? Desde el punto de vista ético, filosófico, la respuesta es terminante: no, de ninguna manera. Ni la edad ni una enfermedad deben atenuar la ejemplaridad de la pena que le fue impuesta por la comisión de delitos atroces y aberrantes. Pero, además, hay un antecedente internacional que merece ser tenido en cuenta: es el caso del ex jerarca nazi Rudolf Hess. Este había caído prisionero de los ingleses en una extraña misión que lo había llevado al Reino Unido, supuestamente con el objeto de pactar una tregua con Londres para que los ejércitos hitlerianos librasen una batalla en un solo frente, el oriental, y aplastar a la Unión Soviética que, sin duda, era una vieja aspiración de las potencias capitalistas.
Al producirse el derrumbe del Tercer Reich Hess como tantos otros fue juzgado por el Tribunal de Nuremberg y condenado a cadena perpetua el 1º de octubre de 1946. Junto con otras prominentes figuras del régimen nazi fue enviado a la cárcel de Spandau, un enorme complejo carcelario construido por Bismarck en Berlin. El presidio fue diseñado para albergar a 500 prisioneros pero luego de los juicios de Nuremberg trasladaron a todos los presos y la cárcel se destinó exclusivamente a la reclusión de los condenados, custodiados por más de cien guardiacárceles y personal militar de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética. Sólo siete antiguos jerarcas nazis ocuparon sus celdas y en 1966, con la excarcelación de Albert Speer al cumplirse los veinte años de su condena, el único que permaneció en ese inmenso presidio, en confinamiento solitario y custodiado por un inmenso aparato fue Hess
Desde los años ochenta algunos sectores neonazis europeos comenzaron a promover abiertamente una campaña para lograr la excarcelación de Hess, aduciendo su avanzada edad (más de 80 años) y sus problemas de salud. Pero tal como lo revelara el periódico británico The Guardian en su edición del 20 de Julio de este año, nada menos que desde 1957 Londres venía sigilosamente solicitando la excarcelación de Hess a las autoridades soviéticas.
La reciente desclasificación de los Archivos Nacionales que se hizo efectiva al cumplirse 30 años de la muerte del lugarteniente de Hitler permitió conocer algunos interesantes entretelones anteriormente vedados a la opinión pública, entre ellos la hipocresía de la lucha de las “democracias capitalistas” contra el fascismo. En once ocasiones -¡once, no una!- el Reino Unido demandó de manera unilateral a la URSS la liberación de Hess, y en otras catorce lo hizo de común acuerdo con Washington y París. La última petición británica la firmó Margaret Thatcher el 4 de Octubre de 1982, según consta en los archivos. Sin embargo, la absoluta intransigencia de la Unión Soviética frustró esos planes. Esta actitud fue acompañada, si bien discretamente, por el gobierno de Israel. .


“Nieta 126” está feliz por ser muy querida, deseada y buscada


Tegucigalpa.
Por sandra Rodríguez
“Tengo una familia hermosa. Tengo una Abuela, no lo puedo creer, con 40 años tengo una abuela y ayer pude hablar con ella. Es una genia, ya la quiero. Se nota que es hermosa por fuera y por dentro”, expresó la “nieta 126” de las Abuelas de la Plaza de Mayo, que fue encontrada ayer.

“Con razón me decían ‘vos sos medio revolucionaria”, les dijo a las Abuelas ayer, la nieta 126, al confirmar que es hija detenidos-desaparecidos en Argentina, durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, designado presidente de facto por una junta militar, entre 1976 y 1981.
Nos hemos encontrado con una mujer integra, a quien su familia la ha buscado siempre, dijo este día Estela de Carlotto, titular de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, en conferencia de prensa, al referirse a “La nieta 126”, quien es abogada y por iniciativa propia inició la búsqueda de su verdadero origen. Su abuela biológica Blanca Díaz, recibió la noticia expresado “menos mal que estoy sentada”.
nieta 126
La nieta 126 a quien se le llama “Vanesa” es hija de Violeta Ortolani y Edgardo Garnier, y nación en enero de 1977 durante el cautiverio de su madre.
Vanesa o Marcos, eran los nombres que Violeta y Eduardo tenían pensado para su hijo o hija. el secuestro se dio cuando la mujer tenia ocho meses de gestación.

La bogada de inmediato quiso conocer a las Abuelas de Plaza de Mayo y a su familia y se reunió con compañeros y compañeras de sus padres, quienes hoy la acompañan en las acciones públicas. “Con razón me decían ‘vos sos medio revolucionaria”, contó Estela de Carlotto, quien ha mostrado su alegría por la nueva nieta.
El reencuentro con su verdadera abuela que tiene 86 años y vive en Entre Ríos, está cada vez más cerca.
Ayer esta joven supo que es la hija de Violeta y de Carlos, con enorme felicidad accedió acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo, estos casos nos llenan de esperanza, expresó Carlotto.
“Vamos quedando pocas abuelas”, afirmó Estela, por lo que solicita a las personas que tengan información sobre nietros lo informen, porque eso contribuye a la búsqueda de la verdad “bienvenida nieta 126”, es la frase que soltó muchos abrazos en sede de las abuelas.
Fecha de nacimiento  
Las sospechas de su origen se dieron por su fecha de nacimiento, luego que le dijeran que era adoptada. Después de meses que los análisis médicos no eran compatibles “seguí mi vida pensando un montón de historias en mi cabeza, y pensé que tendría que aprender a vivir con esto, expresó la nieta de 40 años, que necesitaba completar “ese pedacito de rompecabezas”.
Su partida de nacimiento fue elaborada Juana Franicevich, quien ya había fraguado los certificados de otros tres nietos restituidos recientemente.
Ayer me llamaron de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) porque tenían información que me tenían que dar personalmente y era importante que yo fuera, y allí me enteré de la feliz noticia que ya todos soben, estoy feliz, estoy plena, esa ficha de rompecabezas no solo es una ficha, sino que se armó otro rompecabezas con una familia más grande y me completó la vida, saber que no fui abandonada ni no deseada.
Las Abuelas de la Plaza de Mayo afirmaron que esta noticia que es un reglo para seguir luchando.
El anterior encuentro de las Abuelas de Plaza de Mayo también fue una mujer. El hallazgo de la nieta 125 fue anunciado a fines de octubre durante los festejos por los 40 años de las Abuelas de Plaza de Mayo. En el escenario de la Ballena Azul del Centro Cultural Néstor

Con reencuentros (nieta 127) Abuelas de la Plaza de Mayo esperan el año nuevo


Por: Sandra Rodríguez
Argentina.- “Dicen que las Abuelas tienen el monopolio de las buenas noticias. Eso es 127 veces cierto. Bienvenida a la familia #Nieta127”, Victoria Montenegro.
El encuentro de la nieta número 127, cómo la distinguen La Madres de la Plaza de Mayo, también conlleva un afectuoso saludo de esperanza para nuevo año, a escasas horas de llegar.
Y esta es una felicidad que no sólo se comparte en Argentina, sino a nivel internacional, sobre todo en países que con sed de justicia no descansan hasta encontrar a sus detenidos desaparecidos.
La Abuelas, que han cumplido 40 años luchando por la restitución de sus familiares, víctimas de la dictadura de Jorge Videla (1976-1981) en Argentina y que dejó más de 30 mil desaparecidas y desaparecidos, confirmaron que la Nieta 127 es la hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, y cuyo parto fue en cautiverio en mayo o junio de 1977 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
De la nieta #127, se conoció que nació en Godoy Cruz, Mendoza, el 9 de mayo de 1954. Su familia le decía Pichona o La Gorda.
Su madre estudió Farmacia y Bioquímica en el Instituto Maza de Mendoza y trabajó en una oficina de Tránsito y Transporte como empleada administrativa. Empezó a militar en la villa San Martín, con un sacerdote -el padre Pedro-, quien luego también sería desaparecido por el terrorismo de Estado. En la villa se instaló un dispensario y se daba apoyo escolar.
Después del primer allanamiento en su domicilio, decidió mudarse a San Juan, a la casa de un tío. Allí conoció a Carlos, con quien formó pareja.
Su padre era sanjuanino, nacido el 2 de noviembre de 1944. Lo llamaban “Tula” o “Guillermo” y estudió Ingeniería Civil.
La pareja compartió militancia en la organización Montoneros. Luego de seis meses de novios, decidieron vivir juntos. Entre abril y mayo de 1977, María del Carmen y Carlos fueron secuestrados en Córdoba. Ella estaba embarazada de entre ocho y nueve meses. La pareja fue vista por sobrevivientes en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Luego María del Carmen fue trasladada a la ESMA, donde dio a luz una niña.
De acuerdo con los testimonios de sobrevivientes de ese campo de concentración, el parto fue atendido por el médico represor Jorge Luis Magnacco. Este genocida fue recientemente excarcelado por cumplir dos tercios de su condena, a raíz de las bajas penas que recibió. La pareja continúa desaparecida.
Datos y genética
Desde el secuestro de Carlos y María del Carmen, sus familias iniciaron la búsqueda y presentaron el caso por la desaparición de la pareja y su bebé en Abuelas de Plaza de Mayo.
En 2012, la Comisión Hermanos de la agrupación H.I.J.O.S Mendoza radicó una denuncia ante la Oficina Fiscal de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado sobre posibles casos de personas que podrían ser hijas de desaparecidos. Entre ellas, se encontraba la de quien hoy sabemos es la hija de María del Carmen y Carlos.
La Unidad de Derechos Humanos de Mendoza, en permanente interacción con la Unidad Especializada para casos de Apropiación de niños durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, llevó a cabo diferentes medidas de instrucción con el objetivo de determinar si la mujer, anotada como hija propia de un matrimonio de esa provincia, vinculado al terrorismo de Estado, era hija de desaparecidos. La investigación concluyó con el requerimiento al Juzgado Federal N° 1 de Mendoza de la prueba genética a la víctima, con la que finamente se corroboró que se trata de la hija del matrimonio Moyano-Poblete.
En el marco de una causa judicial, en octubre de 2017, esta mujer fue citada por el Juzgado Federal Número 3 de Mendoza para realizarse el análisis inmunogenético. En la audiencia judicial intervino el equipo interdisciplinario de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), a solicitud del juez interviniente, para colaborar en el proceso.
En los últimos días, a partir del estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos, se pudo determinar que se trata, efectivamente, de la hija de Carlos y María del Carmen.
Una vez más, se destaca la importancia de que quienes tienen datos sobre hombres y mujeres nacidos entre 1975 y 1980 que podrían ser hijos de desaparecidos, los acerquen o hablen con ellos para acompañarlos en el proceso de búsqueda de su verdadero origen.
2017 trajo muchos reencuentros, abrazos de abuelas y nietas, el más reciente doña Rosa y la abogada Adriana, de 40 años, la nieta 126.
Las históricas e incasables defensoras de derechos humanos, aún no se han reencontrado con la nieta 127, por lo que esperan con emoción esa feliz noticia en el 2018, y con ella la esperanza para continuar derrotando el silencio y oponiéndose al olvido.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se une a las muestras de alegría y esperanza con sus hermanas y compañeras de la Plaza de Mayo, y con ello reforzar la búsqueda de verdad y exigencia de justicia para que los gobiernos violadores de derechos humanos respondan ¿dónde están?.


"Con el ejemplo de las Abuelas seguimos reconstruyendo el rompecabezas que dejó la dictadura"

La nieta restituida Victoria Montenegro asume como legisladora porteña tras la confirmación del hallazgo de la nieta 126 por parte de Abuelas.

Martes 5 de Diciembre de 2017

“Feliz, una felicidad enorme. En un día particularmente movilizante, tenemos la alegría de este nuevo encuentro con la hermana 126”, señaló la nieta restituida Victoria Montenegro antes de jurar como legisladora porteña sobre el anuncio realizado por Abuelas de Plaza de Mayo del hallazgo de una nueva nieta apropiada durante la última dictadura.  Estela de Carlotto, titular de Abuelas, estuvo entre el público para verla asumir su banca. 
“Esto nos hace ver que es posible y que este es el camino. Que hay que seguir todos lo días manteniendo la memoria y que cada uno de esos hermanos y hermanas que viven bajo una identidad apropiada y que son centenares, se animen, se acerquen a Abuelas y nos permitan abrazarlos”, manifestó. 
“Cada nieto que recuperamos los argentinos nos ayuda a reparar un poco ese rompecabezas que dejó la dictadura cívico militar y que nosotros con el amor y ejemplo de las abuelas seguimos reconstruyendo”, añadió.
Sobre su rol en la legislatura, la diputada de la Ciudad de Unidad porteña aseguró que luchará “para recuperar los derechos arrebatados a los porteños”.
“Venimos a la legislatura a representar a todos los porteños y porteñas que nos eligieron para que defendamos sus derechos. Lamentablemente, en la ciudad estamos retrocediendo en materia de derechos”, adelantó y agregó: “Hay que ponerle mucha inteligencia pero sobre todo mucho corazón. Estar en este lugar nos va a servir siempre y cuando no perdamos la cotidianeidad en los barrios, poder hablar con los vecinos y ser la voz de los que necesitan que los representemos acá”. 
Por último, la legisladora indicó cuáles serán los temas que impulsará desde su banca. “Principalmente los derechos humanos, que entienden a la política de memoria, verdad y justicia, a la lucha contra la violencia institucional, a la lucha por los derechos de la mujeres y por los derechos sociales”, detalló.
También podés leer: Nieta 126: "Se me completó la vida"



Estela de Carlotto hizo una evaluación de las políticas aplicadas por el gobierno nacional
"Tenemos que buscar la unidad del pueblo"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo indicó que muchas de las políticas del gobierno "van contra la Constitución” y que le dan rienda suelta al accionar represivo de las fuerzas de seguridad.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo que en 2018 “tenemos que buscar la unidad del pueblo” para enfrentar la decisiones del gobierno de Cambiemos “que van contra la Constitución” y que le dan rienda suelta al accionar represivo de las fuerzas de seguridad. “La democracia costó mucha sangre y el Gobierno la está bastardeando. Se cree que reina con súbditos.”
“Es gravísimo lo que está pasando”, lamentó la dirigente de derechos humanos durante una entrevista con AM 750 en la que hizo una evaluación de las políticas aplicadas durante este año que concluye y en la que también se refirió al hallazgo de la niega 127.
Respecto de este tema criticó que hayan trascendido “algunas noticias descabelladas” sobre el caso y recomendó al periodismo “hablar con la verdad en la mano”. “Las Abuelas somos las buscadoras y ahora está en manos de la familia, que es una familia feliz. Le dieron tiempo y espacio, todo lo que necesita una persona que está pasando por esa situación”, comentó.
Al referirse al gobierno de Mauricio Macri, cuestionó “la total libertad de acción que le dio a las fuerzas de seguridad, para que hagan con sus armas lo que quieran”. También calificó de “bruta, injusta y soberbia” la actitud que la Casa Rosada respecto de los temas por los que fue dura y ampliamente cuestionado por la sociedad, los gremios y un amplio sector de la oposición.
“El nivel de apoyo que tiene el gobierno está bajando porque nadie quiere este rumbo”, remarcó y recalcó que “la democracia costó mucha sangre y la están bastardeando. Se ponen la corona y se creen que están reinando con súbditos”.


Los diez días que estremecieron a Macri; por Fernando Rosso

Columna de opinión.

Fernando Rosso > @RossoFer

Sábado 30 de Diciembre de 2017
Desde lejos no se ve. Ni desde las alturas del poder político que, bajo la administración Cambiemos, se fusionó como nunca antes con el poder económico; ni desde las torres de cristal de la intelectualidad bienpensante o el progresismo de buenos modales.
La aprobación de la mal llamada reforma previsional a golpes de balazos de goma en los rostros, blindaje del Congreso, cacería indiscriminada de manifestantes, campaña mediática de demonización, delirante persecución judicial e infame contubernio parlamentario; marcó un antes y un después para el proyecto cambiemita.
Los diez días que estremecieron a Macri, en los que puso quinta a fondo para el primer gran objetivo estratégico de saquear a los jubilados, no significaron una crisis coyuntural, sino un movimiento mucho más profundo de las placas tectónicas de la sociedad argentina.
Fue un curso acelerado, a cielo abierto y en cadena nacional sobre el carácter de clase del Estado, los agujeros negros constitutivos de la “democracia”, sobre la parcialidad culposa de los imparciales y la facilidad con la que recaen los formadores de opinión en versiones deshilachadas de teoría de los dos demonios.
El carácter de clase del Estado quedó en evidencia en veinticuatro horas: una noche aprobaron el robo a los futuros haberes jubilatorios y a las personas que reciben la Asignación Universal por Hijo mientras volaban palos, balas y gases; en la siguiente jornada se repartieron el botín con rebaja de impuestos a distintas fracciones empresarias. “El gobierno del Estado no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa”, sentenciaron Carlos Marx y Federico Engels hace casi 170 años en El manifiesto comunista, un texto que las clases dominantes se empeñan en mantener rabiosamente actual.
La democracia degradada quedó al desnudo en los métodos con los que el oficialismo conquistó la exigua mayoría para la aprobación del atraco: a latigazos y billetazos limpios para las arcas de los señores feudales que se hacen llamar gobernadores y que exigieron obediencia debida a “sus” diputados para que vayan a levantar la mano o a sentar el trasero allí donde ordenó el poder. Se le vieron los hilos al “juego democrático” y violaron descaradamente cualquier mínimo contrato electoral. Junto con esta simulación, se derrumbó también la utopía de los que apuestan a formar una “nueva mayoría” alternativa a Macri, aliados a los mismos que hoy son pilares de su gobernabilidad de ajuste. Incluso, muchos de los espacios políticos que terminaron oponiéndose a la reforma previsional por el rechazo que generó en las mayorías y por la movilización social que rodeó al “debate”; en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires se amontonaron para votar el Pacto Fiscal de María Eugenia Vidal. Se arrastraron para que sus municipios reciban algunas migajas del abultado banquete que obtendrá la gobernadora, en parte gracias al saqueo a los jubilados y beneficiarios de la AUH. Algunos siguen sumando traidores a su larga lista y olvidan, como recordó Facundo Aguirre en un reciente artículo de La Izquierda Diario, un consejo de Perón: el traidor no cambia, cambian los traicionados.
Por último, luego de los hechos del lunes 18 se desplegó una posverdad construida coralmente y entre los formadores de opinión se terminó discutiendo lo secundario en lugar de lo importante. Los reflectores de los medios hegemónicos apuntaron a la demonización de los manifestantes que respondieron a la cadena interminable de violencia estatal, política, policial y judicial, para ocultar el robo del siglo contra los sectores más vulnerables de la sociedad. No sorprendía que la maniobra provenga de parte del periodismo de guerra o el periodismo patrullero que ya había hecho lo mismo ante los crímenes de Estado de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Lo novedoso (o no tanto) fue la adhesión de cierto progresismo de convicciones móviles. Algunos se sumaron por apego a principios eternos de dudosa moral que presuntamente obligan a condenar de igual manera “toda forma de violencia”: la de los que detentan la suma del poder, saquean a los pobres y usan el Estado para ese objetivo, con la de los que se defienden como pueden. Otros que se agitaron inquietos fueron los consejeros tácticos de salón, almas cansadas retiradas de cualquier campo de lucha, comentadores seriales de las batallas ajenas. Desde que asumió la coalición Cambiemos vienen insistiendo en el “argumento” de que el gran problema de los que se le oponen es que…  no se le parecen lo suficiente. Ahora sumaron su dedo condenatorio con fundamentos relativamente más sofisticados.
Por suerte, contra todo este aparato de cierto círculo rojo, las cacerolas se hicieron escuchar por la noche del lunes en rechazo a la reforma previsional, en repudio a la represión y contra blindaje al Parlamento para consumar un robo. Tampoco fue ese el dilema entre los miles de trabajadores que participaron de la movilización: entre los docentes, metalúrgicos, aeronáuticos, bancarios, los 800 trabajadores del emblemático Astilleros Río Santiago, estatales, municipales, choferes, obreros del neumático, precarios, desocupados. Y jubilados, por supuesto. 
Las inmensa mayoría de esas personas tiene clarísimo a quien condenar luego de los diez días que estremecieron a Macri. Con la nueva inflación que reconoce el Gobierno, los tarifazos en curso, las intenciones de avanzar con la contrarreforma laboral, los nuevos despidos en el Estado; entre una gran porción de los votantes del oficialismo se extiende la desilusión y entre muchos de los que se le oponen, la bronca y el odio. Ese justificado odio que explicó una parte de lo que sucedió en la plaza del Congreso. Pero claro, todo esto, desde lejos no se ve. «


HONDURAS

Berta Oliva: “matan el tigre y le tienen miedo al cuero”


Tegucigalpa.
Por Riccy Ponce
El gobierno de Juan Orlando Hernández le dice no a la solicitud de la Organización de Estados  Americanos (OEA) de enviar un delegado especial para verificar las muertes en protestas, las condiciones de los detenidos por las mismas y otras violaciones a los derechos humanos.

Según la respuesta enviada por la Cancillería hondureña al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, no se permite el ingreso de nuevos observadores ya que ese ente continental ya cuenta con una representación en el país.
En un inciso de la carta que la Cancillería le hizo llegar al Secretario de la OEA dice “es de conocimiento general que la sociedad hondureña está abocada en la actualidad a un proceso de diálogo influyente y participativo,  a fin de definir como hondureños los objetivos como nación, el proceso de reformas políticas, económicas y sociales y la contribución que cada sector de la sociedad  hará para el logro exitoso de los mismos”.
Ante la negativa  del actual gobierno de no permitir la entrada de organismos internacionales que verifiquen la situación post electoral del país en materia de derechos humanos, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, expresa que “era de esperar la actitud del gobierno, a nosotros no nos extraña porque conocemos como ha manejado el tema y la situación actual en materia de derechos humanos mediáticamente, ellos tienen una estrategia  de no dar y que  no se sepa ningún tipo de información sobre lo que se vive en Honduras”.
Asimismo señaló que “esa es la negación  que ellos han difundido, es la que no sé cuánto tiempo les va a durar esa mentira colocada como verdad a nivel nacional y a nivel internacional, porque los familiares de las víctimas y el pueblo hondureño no se va a quedar quieto ni quietas, la  gente está diciéndolo, peor que pueden hacer es negarlo  porque  se vuelven  entonces en autoridades más cínicas de lo que ya tenemos”.
Además la coordinadora del COFADEH  agregó que “eso va a llamar la atención al mundo porque deben de saber que aunque les autoricen  o no entrar al país, están monitoreando, están teniendo contacto con las víctimas directamente y además somos   muchas organizaciones de derechos humanos y muchos defensores de derechos humanos que hay en Honduras,  hay mucha gente  que no está de acuerdo con lo que está pasando , es mas de su propio  partido, del partido en el poder hay gente que no está de acuerdo”.
Finalmente indicó que deben de aprender a no ser cobardes, “es como decir matan al tigre y después le tienen miedo al cuero o se esconde la mano”, ya que aquí hay un problema real y es un problema de vulnerabilidad y de violaciones reiteradas a los derechos humanos les guste o no les guste a las autoridades.
Honduras se encuentra sumida en una crisis  post electoral  después de las elecciones del 26 de noviembre, proceso que  según la OEA fue altamente vulnerable.
El conteo parcial se anunció el 27 de noviembre, poco después de las 2:00 am de ese lunes y tras horas de tensa espera, luego de que el Tribunal Supremo Electoral, que había prometido resultados el mismo domingo, dijera no contar con datos suficientes para dar una buena idea de los resultados, dando el resultado final tres semanas después de los comicios electorales.
Los resultados a pesar de ser “irreversibles” según el magistrado suplente Marco Ramiro Lobo, tres días después le daban el gane a Hernández.
Ese cambio de tendencia provocó el malestar y la falta de credibilidad en el TSE por parte de la población, la que manifestó su descontento en protestas callejeras a nivel nacional, provocando graves violaciones a los derechos humanos  y dejando más de 29 víctimas mortales que salieron a defender la democracia en protestas pacíficas, siendo víctimas de los  cuerpos represores del estado.
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Radio Progreso

En crisis post electoral, ciudadanía ha rebasado a la dirigencia política

Dic 27, 2017

En crisis post electoral, ciudadanía ha rebasado a la dirigencia política
A un mes de las Elecciones Generales y de haberse consumando la dictadura nacionalista, encabezada por Juan Orlando Hernández, la ciudadanía sigue manifestándose de diferentes maneras: artísticas, tomas territoriales, cacerolazos y en las redes sociales.
En ese sentido, el historiador y catedrático universitario, Edgar Soriano, analiza que la población hondureña ha entrado en una etapa de transformación organizativa que rebasó a la dirigencia política.
“La población ya no quiere estas movilizaciones de ir de un lado a otro, custodiada por policías y militares, entiende que estamos viviendo en una dictadura muy parecida a las vividas en a la primera mitad del Siglo XX”, dijo Soriano a Zona Informativa de Radio Progreso (RP).
En relación a la separación de Salvador Nasralla de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, el historiador señala que dicha coalición política fue coyuntural: “no hay que ponerse a llorar sobre esas rupturas, eso era de esperarse, todo mundo puede hacer un análisis de quién es el expresidente Zelaya, de quién es Salvador Nasralla”.
RP. ¿Cómo analiza la crisis política post electoral?
R/ Honduras está viviendo un proceso interesante en términos sociológicos y antropológicos. Es un proceso que se viene arrastrando desde la crisis política de 2009, porque se instaló en el control del Estado un grupo de políticos que con el mandato de los grupos de poder fueron creando un monstruo de violencia estatal, militarista, de continuismo de Juan Orlando Hernández y fraude electoral.
RP. En términos socio-políticos, ¿cómo se ha transformado la ciudadanía hondureña?
R/ Ha habido una conciencia que ha avanzado, inclusive, sectores de clase media que no tenían conocimiento de cómo funcionaba la política, que no es fácil ir a un proceso eleccionario y que en ese momento vas a cambiar un país. Nos enfrentamos a una estructura mafiosa, entonces yo creo que eso se ha desenmascarado y un sector más amplio de la población sabe que no hay respeto a la voluntad popular. El reto que se viene es la articulación organizada para convertirla en un Frente de Lucha, podríamos decir que la gente ha rebasado a la dirigencia.
RP. ¿La ruptura de la Alianza de Oposición afectará la autonomía de la ciudadanía que está luchando?
R/ Al final este tipo de fractura, de alguna u otra manera, tiene secuelas. Hasta el momento se mantiene firme, no le ha importado lo que Nasralla dice, pero si ha habido un desánimo, la gente está llena de preguntas. Honduras es un país muy manipulado en todas sus dimensiones, desde los organismos de crédito hasta el Departamento de Estado, esas fuerzas ejercen presión sobre un candidato que no promulga con muchas de las ideas del Partido Libertad y Refundación, esta alianza se construye para sacar al Partido Nacional, es una alianza coyuntural.
RP. ¿Qué puede surgir del liderazgo ciudadano?
R/ Intuyo que la gente quiere organizarse, la gente quiere armar esa gran Plataforma de Lucha, articular la fuerza y acciones, porque ahora han sido acciones muy autónomas en cada región, la gente lo ha asumido como un deber patriótico, entonces todo apunta a que se pueda aglutinar una fuerza política que vaya más allá del Partido Libertad y Refundación, para integrar otros sectores afines a esta lucha.
RP. ¿Cuál es el hecho o circunstancia esperanzadora en medio de la crisis y dictadura?
R/ La ciudadanía, yo le llamo la rebelión ciudadana, eso me da mucha esperanza porque el pueblo no se ha quedado con la cabeza agachada, que siempre han intentado hacer eso cuando se le imponen regímenes militares o pro militar como el actual, entonces la gente ha estado a la altura, lo mejor de esta coyuntura es esa efervescencia y deseo de esa gente de enfrentarse a la maldad y construir una nación diferente.

Y va a caer, la dictadura va a caer

MACCIH
Por: Oscar Miguel Marroquín
Por barrios y colonias la noche anterior y en medio de los disparos del ejército y policía criminal, los jóvenes no paraban de saltar y cantar la consigna:
Y va a caer, y va caer, la dictadura va a caer.
Con la moral muy en alto los jóvenes no se rinden, cantan, y cantan una y otra vez, entre tanto algún medio de comunicación da cuenta de la represión ejercida con la mas abominable brutalidad que nos podamos imaginar, las hordas criminales enviadas por Juan Orlando Hernández no comprenden porque en medio de tanta represión los jóvenes no se amedrentan.
La orden del dictador es clara, someter al pueblo a sangre y fuego para desmoralizarlo y, a la vez para desmovilizarlo; no obstante, con valentía y decisión la juventud hace saltar en mil pedazos las criminales y estúpidas acciones del dictador, como buenos guerreros los jóvenes enfrentan valientemente a los opresores con gritos de denuncia.
Mientras tanto, los gritos llegan hasta las propias mansiones de la criminal oligarquía, casa presidencial y hasta los mismos cuarteles donde se agazapan los escuadrones de la muerte, al servicio de un sistema antidemocrático, que ha quedado al descubierto ante el mundo entero.
Por mas gases que lancen en contra de la humanidad de mujeres y niños, nada detendrá a este pueblo y, menos a los jóvenes, porque ellos saben perfectamente bien que su futuro es incierto con un gobierno de corruptos, criminales y narcotraficantes, insisto, nada podrá detener esta marea humana por demás decirlo embravecida que terminara tarde o temprano arrasando con este sistema que por décadas los ha mantenido en la miseria.
Al fin se les callo la careta, ¿de cual FIESTA ELECTORAL O FIESTA DEMOCRATICA hablaban hace unos cuantos días atrás? Acaso de la fiesta democrática que sirve para que una pandilla de criminales y ladrones termine haciendo millones de dólares a costa del sacrificio de todo un pueblo.
Ustedes nacionalistas y su Partido Nacional son una pandilla de ladrones descarados, eso lo sabe el planeta entero.
Por eso ahora mismo el pueblo se los grita en su propia cara, sin temor alguno, sin temor incluso a la muerte o a ser golpeados violentamente por la policía y ejercito criminal, ya el pueblo no solo les perdió el respeto, sino también el miedo, y justamente ahí reside el triunfo moral y material de este pueblo.
Por mas que intenten ocultar las noticias no lo logran, ya no existe rincón alguno de este mundo donde no se conozca que el actual gobierno, tiene implicaciones directas con el narcotráfico, el crimen organizado, ya no existe ser humano alguno que ignore que el gobierno de Honduras calla y oculta sobre quienes son los verdaderos asesinos de Berta Cáceres, sus estúpidos esfuerzos por esconder la verdad han fracasado y continuaran fracasando, porque el pueblo ya no necesita de los medios de comunicación tarifados para dar a conocer las noticias ante el mundo entero de lo que está ocurriendo en Honduras.
Los viles asesinatos cometidos en contra del pueblo y ordenados directamente por Juan Orlando Hernández, no quedarán impunes, todos los asesinos mas temprano que tarde serán llevados ante la justicia, de eso todos estamos más que seguros.
El maldito dictador Juan Orlando Hernández y su pandilla de ladrones y criminales “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera” Pablo Neruda.
Por eso nos atrevemos a decir y a retomar la consigna de los jóvenes para decir: “Y va a caer, la dictadura va a caer”.


ESTADO DE HONDURAS YA INICIÓ “CACERÍA SISTEMÁTICA” CONTRA MANIFESTANTES

Según el director de Casa Alianza Honduras, Guadalupe Ruelas (foto en texto), el gobierno ya inició un plan de “Cacería Sistemática”, puesto que más allá de una simple represión con gases lacrimógenos se está dando persecución a personas identificables en las protestas “Antifraude”, en ese sentido se tiende a criminalizar o dar muerte a miembros de la oposición.
Ruelas asegura que cuando un gobierno actúa de esa forma, es porque sabe que está asentado en la ilegalidad, por lo que su único camino para “gobernar”, es el uso de la fuerza. Eso ha dejado ya 36 muertos en Honduras desde el 26 de noviembre, por el golpe que ha dado el Tribunal Electoral.       
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El director de Casa Alianza Honduras, Guadalupe Ruelas, ha considerado que lo que están viviendo los hondureños en protestas, es una “cacería sistemática”, puesto que ya se están presentando indicios de persecución a varios miembros “identificables” en las movilizaciones.
Para el caso, ha trascendido el rápido actuar de la Fiscalía y miembros de la Policía, para capturar a varios manifestantes que en indignación por la muerte de tres menores de edad a causa del gas lacrimógeno han quemado postas policiales y despojados de indumentarias a varios efectivos.
Por ejemplo, ayer la Policía capturo a siete individuos señalados por incendiar la posta policial del sector de Alubarén, Francisco Morazán, en ese sentido, fueron detenidos: Celso Reyes, Dilmes García, Domingo Reyes, Robel Reyes, Gabildo Castillo, José Núñez y Santos Ortiz.
Además en San Pedro Sula se detuvo a 11 personas a quienes se les señala por “torturar” efectivos de la policía y participar en saqueos en la “capital industrial”. Pese a que según los organismos de justicia del país, las personas han incurrido en el delito aprovechando las manifestaciones, los mismos simpatizantes de la Alianza de Oposición, ha hecho la labor que los uniformados no hacen.

Durante el despliegue de saqueos antes de navidad, fueron los manifestantes los que controlaron la situación e incluso recuperaron  algunos artículos de valor, posteriormente sus líderes políticos condenaron que era una estrategia para ensuciar la lucha legal en contra del fraude electoral.
Esa defensa democrática, hasta la fecha ha causado que 36 personas perdieran la vida, aunque ya hay asesinos “desconocidos”, en una practica reconocible en los "escuadrones de la muerte", la mayoría de las víctimas perecieron a manos de las balas del Ejército hondureño durante las manifestaciones, cabe destacar que tampoco los castrenses han cumplido su deber constitucional de proteger la alternabilidad en el poder. Han optado por cuidar el patrimonio de Hernández.
Lo que se siente en el país, es persecución, por ejemplo, el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), ha denunciado la persecución contra el militante y dirigente de la juventud del Partido Libertad y Refundación (Libre), Eduardo Urbina (foto), acusado de incendiar un camión militar el pasado 15 de diciembre; no obstante, la organización informó que el joven salió del país el 10 de diciembre.
Con base a eso, la población se ha preguntado ¿por qué las fuerzas de seguridad del Estado actúan tan rápido contra protestantes y no contra corruptos, personas que apoyan la ilegal reelección y contra quienes avalaron el fraude electoral cometiendo serios delitos en contra de la dignidad democrática?
Ruelas asegura que el trabajo de la policía, que está encaminándose en procesos selectivos, responde a hechos e interpretaciones, es decir, que es una interpretación que se proteja a la ciudadanía, pero los hechos hablan por sí mismos. “Vemos que las fuerzas de seguridad del Estado están para proteger a los poderosos en contra de los ciudadanos, por eso no es extraño que esta coyuntura de fuerzas policías, militares y la burocracia estatal, tome represalias contra toda persona que sientan que su opinión no ha sido respetada”.
Asimismo, añade que cuando una persona irrespetada se indigna y reclama, esta se convierte en enemigo de los que quieren mantener el estatus quo, y, por eso, se actúa con el propósito de sofocar cualquier diferencia y signo de pensar, “para que eso no se contagie y para generar temor en la población”.
A criterio del activista social, las fuerzas de seguridad “están reprimiendo hoy por lo que sucedió ayer, pero, están reprimiendo más que todo por lo que pueda pasar mañana”. Refiere que Honduras es un Estado que vive entendido del  asentamiento en la ilegalidad, “es un gobierno que no está asentado en la legitimidad, y como no está asentado en la legalidad, debe asentarse en la represión, ponerse a la fuerza”.
Por eso, Ruelas ratifica que lo que sucede ya en el país, es “una cacería sistemática, es decir no es un tema de salir y tirar una bomba lacrimógena, esto ya es a sangre fría, esto ya es sistemático, ya responde a tareas, tácticas y estrategias de aterrorizar y coartar cualquier posibilidad de rebeldía y rebelión”.
Lamenta que aunque está resultando doloroso para las familias de indignados, asegura que es una disposición de que cuando un gobierno empieza a actuar de esa manera, es porque “no tiene la razón y sabe que no tiene la razón por eso se posiciona de manera descarada”.



La crisis post electoral es una máquina productora de violaciones a los ddhh

Los países que reconocen como legal el fraude electoral en Honduras -- por influencia de los lobistas del crimen organizado -- no solamente cometen un error de consecuencias políticas, sino que participan conscientemente de las violaciones a la vida y las libertades y eso tendrá consecuencias jurídicas y éticas. El pueblo hondureño lo resiente y lo reclama. Entrevista a Berta Oliva coordinadora General del Cofadeh

Cómo están las condiciones de derechos humanos ahora en Honduras en relación a las elecciones?
Las condiciones de vigencia y respeto de los derechos humanos antes de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017 eran precarias, pero después de esa fecha las condiciones son extremas. Nosotras hemos definido la situación como una emergencia, pues han sido desbordados los niveles de brutalidad de las fuerzas militares – soldados del Ejército, comandos de la Policía Militar de Orden Público y grupos paramilitares ovedeciendo la estrategia de represión gubernamental –, y la institucionalidad democrática nacional es practicamente inexistente para las víctimas. El cuadro resumen adjunto revela las cifras más visibles de la tragedia. En la crisis actual todas las instancias de investigación criminal, las fiscalías, el poder judicial y el sistema de comunicación están bajo control absoluto del Presidente-Candidato del país; no es posible ejercer la demanda de justicia en condiciones siquiera mínimas de garantía de obtener respuesta pronta y fundada en Derecho. La población, que ha sido robada en su derecho a elegir y ser electa, está manifestándose en las peores condiciones de inseguridad jamás vividas en la historia del país, y el aparato represivo está echado con todo su arsenal de guerra – incluyendo la propaganda, la apología al odio y la inteligencia militar – para anular los esfuerzos de la población contra el fraude electoral documentado por los partidos de oposición política y confirmado por la Misión de Observación de la OEA.
Berta Oliva | Foto: Giorgio Trucch
Berta Oliva | Foto: Giorgio Trucch
La situación es similar al Golpe de Estado en 2009? O cuáles son las diferencias?
No somos amigas de hacer comparaciones, porque cada evento tiene sus propias circunstancias, pero sin duda el momento actual es similar al que sufre un pueblo en circunstancias de golpe de Estado: sin garantías constitucionales, sin respeto a sus derechos individuales y sin reconocimiento de su identidad de sujeto social y político por todo el aparato de guerra activado a nivel nacional, que incluye a los medios de desinformación, las iglesias beneficiadas por la corrupción gubernamental, los sectores privados, las fuerzas militares y el lobby internacional que actúa como un cartel de crimen organizado para validar el fraude y, en suma, imponer la dictadura. Esta vez el golpe de Estado ha sido cometido por los mismos golpistas de hace ocho años, que atenazaron el poder coludidos con el crimen organizado local e internacional. Es, en definitiva, un nuevo golpe de Estado llano y razo que solo los ciegos se niegan a mirar.

Qué clase de líder es el Sr. Hernández? Cuál es su historia en relación de derechos humanos?
Hernández es, esencialmente, un militar autoritario vestido de civil. Hijo de militar, hermano de militares y colega de militares, por tanto su liderazgo está basado en la fuerza desmedida de las armas con el disfraz de urbano demócrata. Es un abogado apegado a la disciplina cuartelaria, disciplinado en la consecución de las metas de beneficio personal, familiar y grupal, y sin escrúpulos para lograr los fines generales del poder. Es un político comprometido con la estrategia hegemónica de Estados Unidos en la región, y específicamente con los centros de poder que controlan la mafia económica mundial, con evidentes antecedentes de adecuación fraudulenta de las leyes a su favor. Violó la Constitución para ser diputado, para ser candidato presidencial y para constituir la nueva dictadura nacionalista neoliberal de las republiquetas ZEDES, que van a imponer la legalidad de los corruptos paraísos fiscales en Honduras.

Cómo están los grupos de maras, como los Salvatrucha, por ejemplo, tomando ventaja de esta situación caótica y la falta de orden por la ley?
Los ministros de defensa y seguridad, que es la misma identidad en definitiva, afirman que las irreconciliables maras 18 y 13 están rechazando juntas al lado de la población indignada el fraude electoral del 26 de noviembre, pero no han capturado a ninguno de sus liderazgos en tales actividades, más bien están a la caza de liderazgos juveniles universitarios presentes en la insurrección social que vive Honduras. Nosotras no somos expertas en maras, pero no entenderíamos cómo eso sería posible en tanto las dos organizaciones conocidas – M18 y MS – definen sus territorios y los disputan hasta morir. Estamos convencidas que el tema es, más bien, cómo la reacción popular en barrios, colonias y regiones territoriales ha dado ventaja al gobierno para introducir al lado de las fuerzas uniformadas grupos civiles armados al vivo “modelo colombiano” para reprimir las protestas al margen de la ley y, lamentablemnete, también revivir la estructura de un escuadrón de muerte ya reconocido que operó ilegal en los años ochentas, el 3-16.

Qué debe hacer el Sr. Nasralla y quienes lo apoyan para arreglar la situación política, combatir condiciones de pobreza y sufrimiento, y proteger el futuro de la democracia en Honduras?
La pregunta está planteada para ser respondida por la Alianza de Oposición política, en nuestro caso formamos parte de la Convergencia Ciudadana contra el Continuismo que plantea la expulsión del grupo político actual que ha organizado el Estado para ponerlo al servicio del crimen organizado local e internacional, saqueando los recursos activos de Honduras para su benficio sectario, sin importarles el impacto en violaciones a los derechos humanos. Esa expulsión el pueblo la votó el 26 de noviembre, pero la elite se resiste a obedecer el mandato poular, y esta situación es la que ha dado lugar a una insurrección popular que apenas comienza este diciembre 2019 y que va a extenderse sobre los años veneideros mientras el país no acuerde un nuevo pacto social y político surgido de un proceso constituyente. Si la dictadura se fortalece sobre el delito del fraude vulgar y perruno, más de un millón de jóvenes menores de 35 años van a partir en 2018 hacia el Norte del Continente, y la democracia será inestable e ingobernable hasta constituirse en una amenaza a los intereses políticos de Estados Unidos en la región.



Estado de Honduras admite que crisis post electoral ha dejado 31 muertos

Por: Redacción CRITERIO - redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Luego que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reconociera el fallecimiento de manera violenta de 31 hondureños producto de la crisis post electoral, tácitamente el Estado de Honduras ha admitido dichos sucesos.
Un comunicado del conadeh publicado ayer 29 de diciembre refiere que “de las diferentes inspecciones realizadas en zonas de conflicto por desalojos de manifestantes en tomas de carreteras, hospitales y oficinas de medicina forense, así como de los testimonios de familiares de víctimas, han podido verificar el fallecimiento de treinta y una (31) personas, cuyas muertes tienen una posible relación con manifestaciones o desalojos; y han solicitado, a la autoridad correspondiente, los dictámenes de Medicina Forense y expedientes clínicos, para su debida investigación y remisión al Ministerio Público.”
Mediante el escrito el ombudsman hondureño, Roberto Herrera Cáceres, refiere además que las diferentes oficinas del Conadeh en el territorio nacional,  “han recibido e investigan la ochenta y una (81) quejas sobre fallecimientos, lesionados y otros hechos derivados de los acontecimientos post electorales”.
Asimismo que Ha realizado setenta y seis (76) inspecciones en los distintos hospitales públicos, centros de salud y algunas clínicas privadas, para constatar las condiciones de salud de las personas heridas o lesionadas durante las manifestaciones, tomas y desalojos; y procurara mejorar atención a las víctimas.

Noticia Relacionada: Cofadeh registra 30 crímenes durante crisis post electoral en Honduras

El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) presentó el jueves un informe mediante el cual registró 30 muertes de hondureños en el marco de la crisis post electoral. Detalló que los crímenes se cometieron del 30 de noviembre al 28 de diciembre y que 21  de ellos fueron perpetrados por la Policía Militar del Orden Público (PMOP), uno bajo la responsabilidad de la Policía Nacional, tres por particulares y cinco por desconocidos.
Honduras
A continuación el comunicado del Conadeh:
Crisis Post electoral: Derechos humanos y orden democrático de diálogo por bien común.
En el marco de nuestro mandato constitucional, de defensa, garantía y promoción de los derechos humanos de los habitantes con el objetivo fundamental de proteger la dignidad humana: el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) presenta, al pueblo hondureño, el segundo informe sumario de las actuaciones realizadas durante la crisis post electoral:
1. Las diferentes oficinas del CONADEH en el territorio nacional, han recibido e investigan la cantidad de ochenta y una (81) quejas sobre fallecimientos, lesionados y otros hechos derivados de los acontecimientos post electorales. Han realizado setenta y seis (76) inspecciones en los distintos hospitales públicos, Centros de Salud y algunas clínicas privadas, para constatar las condiciones de salud de las personas heridas o lesionadas durante las manifestaciones, tomas y desalojos; y procurar mejor atención a las víctimas.
De las diferentes inspecciones realizadas en zonas de conflicto por desalojos de manifestantes en tomas de carreteras, hospitales y oficinas de medicina forense, así como de los testimonios de familiares de víctimas, han podido verificar el fallecimiento de treinta y una (31) personas, cuyas muertes tienen una posible relación con manifestaciones o desalojos; y han solicitado, a la autoridad correspondiente, los dictámenes de Medicina Forense y expedientes clínicos, para su debida investigación y remisión al Ministerio Público.
2. El CONADEH ha constatado que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) está avanzando en investigaciones conducentes a precisar causas, circunstancias y responsables de la privación de vidas humanas, durante el período post-electoral.
Asimismo, ha realizado supervisiones e inspecciones a los diferentes juzgados y tribunales de la República, donde se pudo verificar que, a nivel nacional, el Ministerio Público, ha presentado dieciocho (18) requerimientos fiscales, contra diferentes personas, principalmente por los delitos de asociación ilícita, robo agravado, incendio, daño y atentado agravado, y también por hechos o acciones ejecutados durante la etapa post electoral.
3. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) reitera asimismo la petición, al Ministerio Público, para que se investigue a profundidad los hechos que tuvieron como consecuencia fallecimientos, lesionados y otros daños; y se inicie las acciones judiciales pertinentes hasta lograr la condena de los autores intelectuales y materiales de tales acciones delictivas.
El CONADEH, en observancia de lo que dispone su Ley Orgánica, solicita al Fiscal General de la República que le informe periódicamente sobre el estado en que se hallan y avanzan las anteriormente mencionadas actuaciones instadas al Ministerio Público.
4. EI Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), reitera, una vez más, su condena a los actos de violencia que han traído pérdidas de vidas humanas, lesionados graves, daños a la propiedad y a los derechos humanos de terceras personas. Hace un nuevo llamado sobre el deber de mantener el carácter pacífico y sin armas, y el respeto del orden público, en el ejercicio debido del derecho a la reunión y manifestación que debe ser respetado por las autoridades; quienes deben, asimismo, observar y aplicar los protocolos internacionales sobre el uso de las armas y de la fuerza, de conformidad con su obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas. Toda vulneración de derechos humanos implica el deber de identificar y sancionar los responsables y adoptar medidas de reparación y de no repetición a favor de la víctima o sus familiares
El CONADEH condena también toda actitud de incitación o promoción del odio, la hostilidad y la violencia entre hermanas y hermanos hondureños; y llama a actitudes y comportamientos que propicien el diálogo democrático, sin condiciones, inclusivo y dirigido exclusivamente al bien común de la hondureñidad que se encuentra en el aseguramiento de la libertad personal y la justicia social, sobre la base de la protección, respeto y promoción de los derechos humanos de todas y todos los habitantes de Honduras.
Tegucigalpa, Honduras, 29 de diciembre del 2017.
H. Roberto Herrera Cáceres Comisionado Nacional de los Derechos humanos


URUGUAY
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Ramiro Alonso

Senadores del FA manifestaron su “inmensa sorpresa” por sentencia de la SCJ que declara inconstitucionalidad de ley 18.831

Después de la reunión que mantuvieron ayer con el presidente Tabaré Vázquez, los senadores del FA se reunieron y aprobaron una declaración que cuestiona el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de setiembre de este año, que declara inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la ley 18.831, que establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. El recurso de inconstitucionalidad llegó hasta la SCJ en el marco de una causa que investigaba torturas cometidas en 1972 en el Regimiento de Caballería Nº 5 de Tacuarembó, que involucraba a José Nino Gavazzo, entre otros militares indagados.
En la nota firmada ayer por la mayor parte de los senadores, la bancada expresa la “inmensa sorpresa” que generó la sentencia. “Al leerla sentimos que nuestra democracia se debilita, en tanto el máximo órgano de nuestro Poder Judicial deja abierto el camino de la impunidad impidiendo el de la justicia. Que los autores de crímenes brutales que nunca debieron haber sucedido al amparo del aparato estatal queden sin juzgar y, en caso de encontrarlos culpables, penarlos de acuerdo a la ley, no asume nuestro pasado reciente, desconoce los avances del derecho internacional de protección de derechos humanos y niega a las víctimas y sus familiares el amparo de la justicia”. La nota continúa: “Que desde esa altísima magistratura se concluya que los delitos de lesa humanidad en nuestro Uruguay no puedan ser juzgados contradice la elaboración que el mundo jurídico democrático ha hecho sobre la imprescriptibilidad de los delitos”, y añade: “Nos resistimos a creer que –desde el derecho– los delincuentes pueden encontrar las razones para no ser juzgados, a pesar de contar con todas las garantías que ninguno de los asesinados, torturados y desaparecidos tuvo nunca”. La declaración termina con un pedido a la SCJ: “Lo que pedimos es que se abra el camino del juicio y que ninguna razón pueda impedir la intervención de la justicia”.
La senadora Mónica Xavier comentó a la diaria que el tema se venía conversando entre los senadores en contactos informales, ya que desde que ocurrió “nos ha preocupado”. “Creíamos importante hacer esta declaración de parte de los senadores”, señaló,y aclaró que no se incluyó a los diputados por los ajustados tiempos de estas últimas semanas del año. La declaración fue apoyada por todos los sectores. Xavier advirtió que “siempre se puede tener opinión sobre lo que resuelve otro poder del Estado”, y recordó que también desde otros poderes “se hacen críticas al Parlamento sobre algunas producciones legislativas”.


Heridas sin limpiar en Uruguay

Secuelas del terrorismo de Estado

Unas doscientas causas por delitos de lesa humanidad permanecen impunes en Uruguay. Desde la vuelta a la democracia, sólo hay 13 sentencias definitivas. Las estrategias de dilación son tan efectivas que los represores mueren libres. Decenas de sobrevivientes brindaron su testimonio y sus pruebas en esta última década pensando que, con la llegada del Frente Amplio al poder, por fin verían la justicia, pero ésta sigue tuerta y, cuando tarda, no es justa. ¿Qué consecuencias deja narrar lo vivido a un pueblo que no oye?

La nuca de Ivonne Klingler se eriza cuando escucha pasos a lo lejos. ¿Son ellos? “Nos llevó más de treinta años decir lo que nos habían hecho. El mundo está al revés: ya no puedo bailar cumbia, la ponían a volumen bien alto para torturarme.” Pasaron seis años desde la denuncia por violencia sexual como forma de tortura sistemática durante el terrorismo de Estado. En este período ya murieron tres compañeras, tres denunciantes.
“Hablar es sanador, pero también removedor.” Lo dice Lucía Arzuaga, con voz suave y segura. Es una de las 28 denunciantes y mira a la cámara para el spot de la reciente campaña “No hay derecho”, que enfatiza la falta de justicia en causas de lesa humanidad. Detrás tiene los muros grises y resquebrajados de la ex cárcel de Miguelete.

Si no se tramita, el trauma se dilata volviéndose situación traumática, profundizada por el aquí-no-ha-pasado-nada o, lo que es peor, esto ya pasó. La impunidad y el olvido, que a veces parecen sinónimos, producen efectos negativos en aquellas personas directamente afectadas, pero también generan un daño psicosocial incalculable, considerando que no hay estadísticas oficiales sobre las víctimas y que la reparación dista mucho de ser integral (véase recuadro “Reparación en pedacitos”).

Para procesar y denunciar lo ocurrido, para dejar de ser marionetas de los represores, la reconstrucción de las historias personales y de la historia colectiva ha sido iniciativa de las víctimas, mediante talleres de memoria o literarios, psicodrama y terapias grupales e individuales.

Estados depresivos, ataques de pánico, dolencias físicas, conflictos familiares conforman “constelaciones sintomáticas” (1) en el espacio sideral donde deambula una persona que sobrevivió al despojo de su identidad y fue sometida a torturas aberrantes.

Dar testimonio en tiempos que parecían menos difíciles, tres décadas después y con el gobierno de izquierda tan deseado, podría haber habilitado un clima social que por fin escuchara y luchara por justicia. Con esporádicos intentos y sin grandes recursos destinados a políticas públicas de memoria, aquí seguimos.

***

Nos buscamos la manera de sobrevivir, en colectivo. Nosotras. Nos juntamos. Por los compañeros. Por la lucha. Hacemos grupo. Nos narramos. Otra vez bordar, pero ahora palabras. En prisión bordé “Libertad” en armenio y bordo ahora ese encierro de desnudez y humillación. Cuento, recuerdo, me atraganto. Lo digo firme, otra habla bajito y temblorosa. No estoy segura de querer encontrarme con esa que fui. No me arrepiento de haber sido guerrillera. Eso es por lo que me detuvieron, no por ser mujer. Pero lo que nos hicieron tuvo características especiales por mi género, aunque a los varones también los violaron, pero de eso no se habla.

Penetración con objetos. El juez no entiende que eso es violación. Desnudez forzada: el juez tampoco comprende que eso es violencia sexual. El tipo de traje y corbata, que debe fallar a favor o en contra, me pregunta si me confundí, que yo le estoy diciendo que me llevaron a la Casa de Punta Gorda, pero antes le dije que vivía en otro barrio.

Puta, sucia, muda, loca. A veces me siento así. El delirio sólo se frena rodeados de afecto.
Después hay que volver. A la casa. A los hijos. A la vida. Dejar de ser espectro. Pero la capucha, aunque te la corras, la seguís cargando en la espalda.

***

La espalda hecha añicos de Néstor Nieves. Plantón, caballete, gancho, en las antiguas oficinas de hacendados de La Tablada Nacional. La risa como escudo, provocación y resistencia. Allí donde hubo tanta muerte ¿cómo proyectar la memoria? Primero, resguardar el lugar para seguir buscando los cuerpos de Óscar Tassino, de Félix Ortiz, de Miguel Mato.(2) Mientras, este 22 de noviembre a las cinco de la tarde inaugurará una placa recordatoria de los horrores allí padecidos. Luego seguirá dando testimonio y construyendo memoria.

La intuición de Irma Correa la llevó hasta La Tablada, suponiendo que allí podía estar su marido. Todavía no hay respuestas, aunque se las exigieron a la Comisión para la Paz, pidiendo que les digan quiénes habían declarado que Mato pasó por allí.

Verónica Mato, su hija, cumplió 41 años el sábado pasado. El último recuerdo que tiene de su padre es cuando le regaló una bicicleta el Día de Reyes de 1982. Veintitrés días después lo secuestraron y desde entonces es una figura poética, dice ella, un desaparecido, algo que anda por ahí. Años de terapia en el Servicio de Rehabilitación Social (Sersoc) la ayudaron a construir su identidad como “hija de”. Ahora, mientras mira a Néstor Nieves y otros que conversan en un descanso de la grabación de los spots, piensa: “Ellos están vivos y podrían ser mi padre. Los veo heridos”.

Verónica nunca ha ido al último lugar donde fue visto vivo su padre. “El día que iba a ir a conocer La Tablada me vino un dolor de cabeza insoportable que me paralizó”, dice.

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Nieves todavía teme a la electricidad y, entre los recuerdos que fluyen sobre las torturas padecidas durante su desaparición forzada en La Tablada y los cuatro años preso, dice chistes: cuenta que cuando lo metían en agua, para picanearlo, “me ponían sal y les faltaba vinagre para hacerme ensalada”. No le festejamos el chiste. Lo miramos y escuchamos en silencio. Sus ojos se ponen llorosos, como los de su compañero Javier Tassino, hermano de Óscar, que también sufrió la prisión política. Ambos se quiebran un poco, bajan la mirada cuando hablan de sus hijos, de los reclamos que les han hecho por esos años de abandono. Tassino se excusa ante quien lo mira fijo: “Lo hicimos porque pensábamos que íbamos a darles un mundo mejor. Pero pasaron hambre, perdimos todo lo que teníamos”.

La nieta de Tassino es quien obliga a la familia a recordar. Tiene 12 años, pero desde chiquita pregunta por el señor de la foto que su abuelo Javier tiene en su escritorio. Es el tío abuelo Óscar, de quien han rescatado casetes que le enviaba desde la clandestinidad a su otro hermano que vivía en Venezuela, cartas que le mandó a Javier entre el 75 y 77, el diario que Óscar escribió y que esta nieta terminó, escribiendo en las últimas hojas un pensamiento precioso que su tía Karina leyó en la presentación del libro Las palabras guardadas (Taller Ex Presar, 2017).

“Es bravo tener a una persona tanto tiempo sin la verdad. Es monstruoso que no quieran compartir lo que saben”, dice Karina, que se pregunta desde hace 40 años dónde está su papá y qué hicieron con él, mientras recuerda cómo le dibujaba a su hermano algunos Superman y otros héroes para que jugara y luego los guardase en la bolsa de Los Justicieros. “Cuando volvió la democracia pensamos que mi papá iba a aparecer.”
Karina sabe que el informe que le entregó la Comisión para la Paz miente porque dice que su papá se suicidó cuando fue “sin custodia” al baño, algo imposible en un centro de represión. “La falta de verdad no te deja cerrar lo que pasó, y en tu cabeza sigue siempre esa imagen, como una nebulosa.”

“¿Cómo obtenés una sociedad más justa sin justicia?”, pregunta Karina, educada en la solidaridad y el amor de su familia, en especial de su tía, que durante cuatro años la llevó a visitar a su mamá Disnarda Flores, primero en el Fusna, luego en el penal. En junio del 76 la encontraron en el Fusna; estaba desaparecida desde noviembre del 75. La niña entraba sola y se encontraba con su madre vendada y apuntada por armas. Karina luego tuvo hepatitis y desde entonces siempre anduvo muy sensible del hígado. Desde 2013 comenzó a participar del taller Ex Presar y está más aliviada de esos dolores. Antes no podía hablar. Escribir es su terapia. Dos años después colaboró en la producción de la exposición Ausencias, (3) que para ella significó poner el cuerpo, además de la palabra.

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Javier Tassino conoce el silencio de la muerte y la valentía de señalar al asesino de Álvaro Albi en Coraceros. Todavía hay quienes insisten en que ahí no hubo detenidos, pero Javier estuvo allí, y allí levantó su venda para ver quién había matado a su compañero. Dice que no le quedaron secuelas, aunque al rato recuerda el simulacro de fusilamiento un 29 de julio, en pelotas. Había caído con impermeable, bufanda y rompevientos. Al rato estaba desnudo. “No tengo secuelas, pero cuando hay apenas algo de frío me tengo que abrigar enseguida o me pongo horrible.”

Tampoco dice tener secuelas Baldemar Taroco, aunque su médica le diga que tiene la espalda “hecha pelota” y su esposa le diga que él “se traga todo” lo que le pasó, a diferencia de ella, que hizo terapia.
Ana María Reyes se cansó de ver cadáveres en los cuarteles buscando a su marido, Néstor Nieves, quien ahora sube la escalera de la redacción tomado de un bastón alto como él. Estuvo ocho años clandestino, durante ese lapso engendraron cuatro hijos: un varón, que tenía 7 cuando secuestraron a su papá, una niña de 4, y mellizas paridas en el Saint Bois cinco meses antes de la caída. Ana María parió sola las tres veces. Al recuperar la libertad, Nieves estudió y se recibió de médico, aunque el camino no fue fácil. Su hijo mayor es psicomotricista, otra de sus hijas trabaja en una guardería. Tras conflictos, desmayos, forcejeos, destratos, hace seis años decidieron hacer terapia familiar. Dicen que les hizo bien reunirse. “Fue una cosa interesante. Nuestros hijos hablaron por primera vez”, dice Néstor.

Hay hijas jóvenes, nacidas después de la dictadura con mucho esfuerzo de sus padres por recomponer el matrimonio y apostar a seguir juntos, que buscan respuestas, relatos, detalles, y no los encuentran porque sus madres y sus padres no quieren contar. “La violencia extrema puede producir que las personas queden como cargadas y con temor a herir a los demás. Las detenidas conocieron la parte más horrorosa del ser humano: peligroso, destructivo, salvaje, lo que hace dudar de la condición humana y ataca la confianza en el otro y en sí mismo. Ese contacto con lo más descarnado genera una coraza”, explica la psicóloga María Celia Robaina. “También es cierto que la gente, en general, no quiere saber lo que pasó. Todos queremos creer que el mundo en el que vivimos es previsible”, agrega esta mujer que, desde chiquita, escucha los problemas de los presos. Su mamá y dos de sus seis hermanos fueron presos políticos. Como era menudita, a los 15 años María Celia parecía de 12: hasta esa edad pudo ingresar como niña a las visitas, y por eso podía entrar y sacar información del penal.

Ex integrante del Sersoc, luego de la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos y actual funcionaria de la Inddhh, Robaina realizó, junto con la trabajadora social Alba Pastorini, un acompañamiento psicosocial, entre 2010 y 2013, al grupo de ex presas políticas que presentaron la denuncia por violencia sexual.

Hablar es sanador, pero también riesgoso si no se tiene contención, advierte. “Es importante contar con un espacio grupal sólido, de confianza, donde poder decir lo que no se había contado nunca, ese dolor recóndito, callado, apretado.” La psicóloga destaca que esa experiencia sigue dando frutos porque varias denunciantes siguen involucradas en temas de memoria, verdad, justicia y reparación.

Declarar es “poner algo de alivio en una tensión tan fuerte, es decir: ‘Yo guardé este silencio mucho tiempo, ahora lo dije y le paso el peso a la justicia para que se haga cargo. Fui tratada por la justicia militar como alguien despreciable’. Declarar ante la justicia las hace salir del lugar desubjetivante de la tortura, las empodera como ciudadanas que construyen democracia. Ahora bien, cuando ese sistema democrático no responde, hablar deja un saldo negativo en quienes brindan su testimonio. Para hacerlo tuvieron que enfrentar muchos obstáculos, hablar con sus hijos, con sus parejas, se expusieron ante la prensa. Es necesario que el Estado uruguayo se haga cargo, investigue, brinde una serie de dispositivos de acompañamiento psicosocial para reparar de manera integral a las víctimas y haya justicia, que no deje impunes las causas”, añade Robaina.

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Mabel Fleitas mira la puerta-ventana. Detrás de la cortina se dibujan sombras, se oyen voces, pero su mirada se desvía hacia la derecha. Al terminar la entrevista confiesa: “Si entraba alguien estoy segura de que me paraba de un salto, como en el cuartel”.

Junto a sus tres hermanas y otros 20 adolescentes fueron detenidos en abril del 75 en el cuartel de Treinta y Tres. Todos eran militantes de la Ujc (Unión de juventudes Comunistas) Pasaron hasta junio allí, luego fueron enviados a dependencias del Consejo del Niño en Montevideo, o a la cárcel, si habían cumplido 18 años. “Si ya éramos pobres, salimos extremadamente pobres, sin la posibilidad de estudiar entre el 77 y el 79, porque se nos prohibía entrar en cualquier centro educativo, ni participar en clubes sociales o plazas de deportes.” Dolor, desarraigo. Insilio y exilio. Intentar rearmarse una y otra vez. Buscar al compañero. Buscar papeles: en Relaciones Exteriores, en el Inau (Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay), noticias, comunicados que la mencionan y que prueban que le pasó lo que le pasó. Juntar papeles y querer tirarlos todos en la puerta de la Presidencia y gritar: “¡¿Qué parte no entendieron?!”. Armar un archivo, el cuerpo de la prueba. Poner el cuerpo dando testimonio, acompañando a compañeros, escuchando a los adolescentes que tienen la misma edad que tuvo y dicen, al colocar la placa en el liceo al que fue, que ellos no quieren una dictadura. Repararnos. Estudiar bibliotecología, terminar algo para que la vida no quede trunca y no ganen ellos.

“Hice terapia diez años, después de un día en que me cayó la ficha de que la culpa me había calado. La negación es la manera de hacerte fuerte, habiendo pasado por descréditos sobre nuestro relato por parte del pueblo e incluso de algunos compañeros y de las propias familias –que no fue mi caso–. Un comunicado infame del Comando General del Ejército, reproducido por los principales diarios del país, nos marcó a fuego en el pueblo y en la capital. Fuimos inoculados con penicilina por supuestas enfermedades venéreas, aunque la mayoría éramos vírgenes todavía, apenas empezábamos a tener noviecitos. Sufrimos abusos sexuales y exámenes genitales sin consentimiento ni guantes por parte del médico que luego le ordenó a una de las detenidas una revisación mensual estando libre, perpetuando su tortura física y psicológica. Murió denunciado e impune.”

Perdieron piezas dentales por golpizas, por estrés, por mala alimentación. O comen sano y hacen ejercicio pero tienen el colesterol alto. ¿De dónde viene este estrés maldito? Varios integraron al miedo como compañero de por vida.

“Nos costó entender que tenemos que hablar –dice Klingler–. A esta altura hay que meter el dedo en la llaga, hace mucho daño ocultar. Eso, en este momento, es proteger este tipo de prácticas destructivas del otro. Las heridas siguen abiertas y no van a cicatrizar si no logramos una correcta visión de las cosas.”

Azul Curdo
Brecha

Notas

1) Eatip, Gtnm-RJ, Cintras, Sersoc, Daño transgeneracional. Consecuencias de la represión política en el Cono Sur. Santiago, 2009.
2) “Parar para seguir”, Brecha, 3-XI-17.
3) “Ese agujero”, Brecha, 29-V-17.

Reparación en pedacitos

En diciembre de 2005 el doctor Ricardo Elena elaboró el informe “Fundamentos para una ley compensadora y jubilatoria de los sometidos a prisión prolongada y tortura (Ppt)” en Uruguay, que fue entregado por Crysol a los legisladores como insumo para la ley reparatoria. Se explica que el estrés causado por Ppt produce inmunodepresión y enfermedades de todo tipo: infecciosas, degenerativas, neoplásicas y psíquicas. “Hay un aumento de la frecuencia de enfermedades y de muertes, y menor expectativa de vida de los sometidos a Ppt que los no sometidos a esta agresión.”

Sólo considerando algunos de los casos consultados para esta nota, de los 50 denunciantes en la causa Boiso Lanza, cinco murieron: cuatro por cáncer, el restante por problemas cardíacos. De los 20 denunciantes por la causa de Treinta y Tres murieron cuatro: dos por problemas cardiovasculares, los otros fallecieron antes de los 40 años, en la indigencia. Tres de las 28 denunciantes por violencia sexual fallecieron de cáncer. Otras víctimas y familiares sufren problemas respiratorios o mal de Parkinson, ataques de pánico, miedo a la oscuridad, pesadillas con la tortura o insomnio por los recuerdos.

La Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Estado fue creada para atender a las personas amparadas por la ley 18.033 y/o la ley 18.596, a sus hijos y nietos, con derecho a recibir en forma gratuita y vitalicia la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y far

Sin embargo, los distintos entrevistados señalaron que no alcanza, que el servicio se rige bajo una concepción médica, poco afín a terapias de otro tipo, y que queda restringida a Montevideo.

Por otra parte, no se contempla acompañamiento ni apoyo terapéutico antes, durante y después de declarar en las causas –como sí ocurre en Argentina–, aunque un proyecto de este tipo fue presentado a Javier Miranda cuando ocupaba la Dirección de Derechos Humanos del Mec (Ministerio de Educación y Cultura) e incluso llegó a Graciela Jorge cuando dirigía la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, pero se les respondió que no había recursos para implementarlo.

REFUNDACIÒN COMUNISTA DE URUGUAY




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Gerardo Núñez. Foto: Pablo Vignali (archivo, noviembre de 2016)

Un repaso por lo que dejó la comisión investigadora sobre el espionaje en democracia

Los tranquilos días de enero son ideales para hacer evaluaciones de muchas de las cosas que pasaron el año pasado. El diputado del Frente Amplio (FA) Gerardo Núñez también hizo un balance; en su caso, de la investigación que lleva adelante la comisión que preside en la Cámara de Representantes, con uno de los nombres más largos que haya tenido una comisión parlamentaria: “Sobre los posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 hasta la fecha”. Pero aun más extenso es el “archivo Berrutti”, la principal fuente de estudio de la comisión, que alberga cerca de tres millones de documentos. El archivo se denomina así, metonímicamente, porque fue encontrado en 2007 durante la gestión de la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, en un dependencia de su cartera. La comisión investigadora se creó en noviembre de 2016 e iba a funcionar hasta diciembre de 2017, pero se extendió por un semestre más.
“El balance es que en nuestro país claramente existió una práctica que se dio por lo menos desde 1968, que estuvo al servicio de la represión y el terrorismo de Estado. Además, una vez conquistada la democracia, las agencias de inteligencia siguieron operando prácticamente con el mismo formato con el que operaban en la dictadura”, señaló Núñez a la diaria. Además, resaltó que tanto las dependencias de inteligencia militar como policial ya en dictadura comenzaron a organizar un repliegue –luego de que el régimen perdiera el plebiscito constitucional de 1980– con el objetivo “de que se pudiera proteger la impunidad, persiguiendo a aquellos sectores sociales y partidos políticos que tienen una impronta por la defensa de los derechos humanos y contra el terrorismo de Estado”.
Entre ceja y ceja
El trabajo de la comisión investigadora tiene gira en torno a dos pilares. El primero es el análisis de los documentos y el segundo son los testimonios de los diversos responsables de las dependencias policiales y militares que comparecieron ante la comisión. El balance que Núñez hace de los testimonios no es tan contundente como el de los documentos. Lo calificó de “dispar”, ya que las declaraciones oscilaron entre quienes reconocieron de forma explícita el espionaje –unos pocos– y quienes ni siquiera se dignaron a darse una vuelta por el Palacio Legislativo –varios–. En el medio de ambos polos están los que asistieron pero aseguraron no saber nada –la mayoría–. Entre los elementos importantes para el análisis que destacó Núñez está el testimonio de Máximo Costa Rocha, ex jefe de la Dirección General de Información e Inteligencia del ministerio del Interior, quien reconoció que el gobierno del presidente Julio María Sanguinetti tenía interés en dar “seguimiento” al proceso que finalizó en el referéndum para derogar la ley de caducidad, el 16 de abril de 1989, que al final fue rechazado.
El presidente de la comisión investigadora subrayó que cuando se define que determinado asunto es de interés para un gobierno desde el punto de vista de la inteligencia militar o policial, “se transforma en una directiva operativa”. “Seguramente utilizaron fuentes abiertas, pero como se ha visto en el ‘archivo Berrutti’, también hay fuentes cerradas, sobre todo de inteligencia militar. Y hay menciones a labores que estaba haciendo inteligencia policial que también tenían que ver con fuentes cerradas; es decir, recolección de información que pasa por encima de aspectos constituciones, legales y normativos”, señaló Núñez, y acotó que no sabe si fue Sanguinetti quien dio la orden de “interesarse” por el proceso del referéndum, “pero está claro que su gobierno promovió este tipo de prácticas”. “En el ‘archivo Berrutti’ hay cientos de documentos de inteligencia militar que están focalizados en el trabajo del voto verde, la recolección de firmas y los procesos de discusión dentro de los partidos. Ahí se involucraba al FA, al Partido Nacional y al Partido Colorado. Tenían interés en conocer cómo se iban posicionando los distintos sectores dentro de cada uno de los partidos para armar su estrategia de contraofensiva sobre esta situación”, aseguró Núñez.
Por ejemplo, un documento del “archivo Berruti” de abril de 1987 –pocos meses después de que empezara la recolección de firmas para establecer la consulta popular– tiene como asunto “referéndum”, con el sello del Servicio de Información de las Fuerzas Armadas, y dice: “Se establece que por intermedio del movimiento sindical se llevan juntadas 75.000 firmas en Montevideo, cifra que se estiraría a 80.000 el primero de mayo”.
Además, Núñez citó un documento en el que un agente solicita a la dirección de inteligencia militar hojas para diagramar un volante, que tenía como idea central que, con o sin referéndum, no se iba a condenar a “los héroes de la patria”, refiriéndose a los militares.
“Ahí hay un claro ejemplo de cómo la inteligencia tuvo un rol de contrainteligencia. Fue una tarea que operó en el plano propagandístico y psicológico. Es decir, no fue solamente la recolección de información, sino que con ella operaban para generar un sentido y un estado de ánimo social”, aseguró el diputado, y agregó que a veces el espionaje servía para hacer “chantajes”: “Recolectaban tal información de tal dirigente de un partido y eso después, tal vez, se ponía a jugar para trabar determinados proyectos políticos”.
Entre los testimonios relevantes, Núñez también destacó el del contralmirante (r) Óscar Otero, quien estuvo al frente de la Dirección General de Información de Defensa entre mayo de 1995 y abril de 1996, durante el segundo gobierno de Sanguinetti. El militar retirado fue el más explícito, al reconocer no sólo el espionaje sino también que este se hacía “por costumbre”. Entre los documentos fechados en el período en el que Otero estuvo en el cargo se puede encontrar desde la lista de dirigentes del FA –con sus números de teléfono incluidos– que se reunieron con Fidel Castro cuando el líder cubano llegó a nuestro país en visita oficial, hasta infiltraciones en el Partido Colorado y en diversas asociaciones, como la de Maestros, Empleados Bancarios y Funcionarios de Pluna.
Así las cosas, como hay testimonios que involucran a los dos gobiernos de Sanguinetti, Núñez quiere citar al ex presidente colorado para que dé su testimonio ante la comisión, pero todavía no lo discutieron en la interna de la bancada del FA. No obstante, el diputado lo conversó informalmente con varios de sus compañeros y todos están de acuerdo. “Yo soy partidario de que tiene que participar y, seguramente, otros ex presidentes también, para que nos digan por qué se generaron este tipo de acciones, si existieron las directivas concretas, quién las dio y por qué motivos”, indicó el diputado.
la diaria se había contactado en setiembre con Sanguinetti, quien aseguró que su gobierno “nunca jamás” ordenó un espionaje “de nadie ni de nada”. Agregó que “cosas que pueden haber ocurrido ahí adentro habrán escapado a toda idea de contralor o de conducción política”, y que si hubiera tenido noticias sobre el espionaje “hubiera actuado”. Por último, señaló que está dispuesto a comparecer ante la comisión, pero que no cree posible que pueda agregar nada más de lo que le dijo a este medio.

Lista de invitados 2018

La comisión investigadora extendió su trabajo hasta el 30 de junio de 2018, debido a que todavía está analizando el gran volumen de documentos del “archivo Berrutti”, e hizo un pedido al Ministerio del Interior para que se proporcionen todos los archivos de inteligencia policial, de forma de complementar la información. Además, todavía falta que comparezcan ante la comisión varios de los directores de inteligencia policial. Luego invitarán a los ex encargados de las direcciones de inteligencia de cada fuerza del ámbito militar, es decir, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y el Ejército; se trata de una veintena de personas. Por último, Núñez no descartó que también inviten a más personas del ámbito civil.

Arranquen sin mí

Juan A Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins, ex directores de inteligencia militar entre 1985 y 1999, no asistieron a la comisión en la fecha en que se los invitó. Núñez explicó que no fueron citados de vuelta ya que “por el tono de la respuesta” demostraron que “no tenían interés”. Por eso la Cámara de Representantes aprobó una declaración en la que cuestionó a los cuatro militares, ya que entendieron que su ausencia “constituye un impedimento formal para el análisis y la investigación”. “Esta actitud pretende desconocer al Parlamento y el cometido encomendado” a la comisión, “queriendo amputar la posibilidad de que el pueblo uruguayo conozca las razones de por qué se desarrolló Espionaje Militar en Democracia”, sentenció la declaración. En cambio, hasta el momento todos los ex jefes de inteligencia policial que fueron citados dieron respuestas positivas, indicó Ñúñez.