El terremoto en México equivale a la explosión de 32.000 bombas como la de Hiroshima
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha
asegurado que el terremoto de 8,4 que ha sufrido México en la noche del
jueves ha sido "el de mayor magnitud" que ha registrado el país desde el
año 1932
La geóloga ha puesto el foco en los efectos
potenciales de estas catástrofes precisamente en zonas vulnerables y ha
recordado el terremoto de 1985 en Ciudad de México, que fue "tremendo"
porque se produjo "literalmente la licuefacción" del terreno y las
infraestructuras se vinieron abajo.
Por ello, ha insistido en el mensaje de la prevención, que considera "clave para salir del circulo cerrado de que pobreza lleva a más pobreza con una catástrofe"
es preciso mejorar la prevención a través de un mayor conocimiento
técnico y geológico en las construcciones para evitar futuras
catástrofes a consecuencia de la magnitud de energía que liberan estos
terremotos.
Asimismo, ha reiterado en la necesidad de
mejorar las construcciones e infraestructuras pero también de realizar
una prevención activa de la población y de las instituciones para que
los países prosperen, al tiempo que ha defendido el conocimiento que
pueden aportar los geólogos a la prevención y gestión de riesgos y
evitar que "se venga abajo una sociedad entera".
Un grupo de gente se arropa con mantas en la calle tras el terremoto de México./REUTERS
El terremoto de
magnitud 8,2 que se ha registrado a las 23.49 horas de este jueves
frente a la costa del Pacífico en México ha liberado una energía
equivalente a la explosión de 32.000 bombas atómicas como la de Hiroshima (1945) o de 416 millones de toneladas de dinamita (TNT).
Según ha explicado la secretaria de Ilustre Colegio de Geólogos (ICOG), Nieves Sánchez Guitián, a Europa Press,
se registra en torno a un seísmo de magnitud 8 al año a nivel mundial y
unos 800 de magnitud 5 en todo el planeta. Precisamente, ha señalado
que la energía liberada por un terremoto de magnitud 5 equivale a la
explosión de una bomba atómica como la de Hiroshima o a 13.000 toneladas
de TNT.
En este caso, ha detallado que el terremoto
se ha producido por la subducción de la placa de Cocos bajo la placa
norteamericana y en el límite de placas. Además, como el epicentro se ha
producido bajo el océano, ha advertido de que hay mayor riesgo de
tsunami.
"Ha sido un terremoto brutal, que en la zona
se junta con el huracán Irma y provoca al mismo tiempo dos noticias
simultáneas de catástrofes naturales", ha lamentado.
La geóloga ha dicho que el temblor ha
afectado a la placa de Cocos, que limita con la costa occidental de
Centroamérica y limita con la Placa del Pacífico y la del Caribe,
junto al arco volcánico centroamericano y en el límite también con la
placa americana. "Se trata de un límite de subducción importante", ha
dicho.
Además, ha comparado este seísmo con el que
ocurrió en Ciudad de México en 1985, que fue resultado de un proceso
ocurrido en esta misma zona de choque entre placas.
"La placa de Cocos se mete por debajo de la
placa norteamericana en esa banda y es justo al producirse esta
subducción, cuando en ese movimiento que es continuo y activo, se
produce ese terremoto de gran importancia", ha precisado.
En comparación con el de 1985, ha expuesto
que aquel tuvo una profundidad de 15 kilómetros, es decir, no muy
profundo, mientras que este se ha registrado a 33 kilómetros de
profundidad, bajo el océano, y por tanto la onda de expansión del
terremoto ha tenido más recorrido y puede producirse un mayor riesgo de
tsunami, que se agrava también por estar muy cerca del límite de placas.
Evitar la catástrofe
La geóloga ha puesto el foco en los efectos
potenciales de estas catástrofes precisamente en zonas vulnerables y ha
recordado el terremoto de 1985 en Ciudad de México, que fue "tremendo"
porque se produjo "literalmente la licuefacción" del terreno y las
infraestructuras se vinieron abajo.
Por ello, ha insistido en el mensaje de la prevención, que considera "clave para salir del circulo cerrado de que pobreza lleva a más pobreza con una catástrofe"
es preciso mejorar la prevención a través de un mayor conocimiento
técnico y geológico en las construcciones para evitar futuras
catástrofes a consecuencia de la magnitud de energía que liberan estos
terremotos.
Asimismo, ha reiterado en la necesidad de
mejorar las construcciones e infraestructuras pero también de realizar
una prevención activa de la población y de las instituciones para que
los países prosperen, al tiempo que ha defendido el conocimiento que
pueden aportar los geólogos a la prevención y gestión de riesgos y
evitar que "se venga abajo una sociedad entera".
Este viernes, el presidente de México, Enrique Peña Nieto,
ha asegurado que el terremoto de 8,4 que ha sufrido México en la noche
del jueves ha sido "el de mayor magnitud" que ha registrado el país
desde el año 1932, al tiempo que ha asegurado que hasta "50 millones de
personas" pueden haberlo sentido. De momento, ha confirmado y lamentado
que el temblor deja ya al menos 15 muertos.
"Fue intenso, fue prolongado y fue muy
fuerte", ha asegurado el mandatario mexicano, en conversación telefónica
con la cadena de televisión local Televisa. Peña Nieto ha contado que
la alertad de tsunami en las costas del estado de Chiapas no representa un riesgo mayor.
"Es un sismo de gran magnitud. Puede haber
daños estructurales tanto en edificios como en hogares", ha afirmado el
presidente de México, antes de recalcar que el temblor ha tenido una "gran magnitud", "como no se había tenido en el tiempo reciente".
Ecuador evacúa cuatro islas de Galápagos por alerta de tsunami tras el terremoto de México
El Centro de Operaciones de Emergencia del país
andino dispuso la evacuación focalizada de la población asentada en las
islas San Cristóbal, Isabela, Santa Cruz y Floreana y se habilitaron
puntos de reunión y albergue alejados de las costas.
Pacientes y médicos de un hospital en Villahermosa (México) permanecen fuera tras el terremoto. EFE/STR
El Gobierno ecuatoriano dispuso la evacuación en cuatro islas de Galápagos, incluida Isabela, la más grande del archipiélago, por la alerta de tsunami generada tras el terremoto registrado en el sur de México, que sacudió a la nación azteca y a toda América Central.
La Secretaría Nacional de Comunicación
(SECOM) informó de que, debido a la fuerza del sismo en México, el
Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Hawai, emitió una
alerta de tsunami en México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica,
Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador.
El Centro de Operaciones de Emergencia de
Ecuador dispuso la evacuación focalizada de la población asentada en las
islas San Cristóbal, Isabela, Santa Cruz y Floreana y se habilitaron
puntos de reunión y albergue alejados de las costas.
En el caso de la isla Isabela, la más grande del archipiélago, se dispuso la evacuación total por su ubicación en la zona de impacto del tsunami.
Las autoridades además dispusieron el retiro
de las embarcaciones a "5 millas fuera de la rada de los puertos y la
suspensión del fluido eléctrico en algunas zonas cercanas a las costas".
Según la SECOM, en las cuatro islas se completó el proceso previsto de evacuación "sin novedades".
Las Galápagos están situadas a unos mil
kilómetros de las costas continentales de Ecuador y son uno de los
puntos turísticos más importantes de la nación andina.
La secretaria de Riesgos, Alexandra Ocles, confirmó que en un primer embate del fenómeno se registraron olas irregulares en las costas de Galápagos.
"No existen reportes de daños o pérdidas humanas", subrayó la SECOM.
Noruega decide si da otra vuelta de tuerca a la política antimigratoria de la ultraderecha
El lunes se celebran las elecciones en el país
nórdico, donde gobierna desde 2013 una coalición de conservadores y
populistas de ultraderecha. No sólo han endurecido sus políticas de
asilo y refugio en un país referente en la materia, sino que han
conseguido colocar la inmigración en el centro del debate nacional.
La
primera ministra noruega, la conservadora Erna Solberg (izq.), junto a
su socia de Gobierno, Siv Jensen, del populista de ultraderecha Partido
del Progreso.- REUTERS
Noruega celebra este
lunes sus elecciones parlamentarias, unos comicios que, más allá de
decidir si continúa en el poder la coalición entre conservadores y
ultraderechistas, también servirán para analizar si el discurso antinmigración sale
reforzado en Europa tras la crisis de los refugiados y el aumento de
llegadas de personas migrantes a través del Mediterráneo Central.
Las del país nórdico representan el
pistoletazo de salida para un año de comicios parlamentarios en el viejo
continente. Dos semanas después llegarán las de Alemania, seguidas de
las de la República Checa, Francia, Reino Unido y Holanda. Y todas
tienen un denominador común: un discurso antinmigración más o menos
suavizado que cada vez es utilizado por más partidos políticos de
diferentes espectro ideológico, no siempre de corte ultra o conservador.
El caso noruego es representativo, ya que
desde 2013 gobierna una coalición conservadora-ultraderechista en un
país rico, de larga tradición democrática, comprometido con la ayuda
humanitaria y la cooperación al desarrollo y de mayoría social
progresista. El Partido Laborista, el centro-izquierda
socialdemócrata (Arbeinderpartiet), ganó las últimas elecciones
obteniendo 55 escaños. Pero la victoria no fue suficiente. El Partido Conservador (Høyre) consiguió 48 diputados, que unidos a los 29 obtenidos por el ultraderechista Partido del Progreso (FrP),
y con el permiso del Partido Liberal y de los Cristiano Demócratas,
fueron suficientes para armar un gobierno en coalición. Los laboristas,
tras las dos últimas legislaturas, perdían el poder en un momento de
éxodo masivo de inmigrantes y refugiados desde África y Oriente Próximo
hacia Europa, en concreto, hacia el norte de Europa, mucho menos
golpeada por la crisis económica de 2008.
Fue la primera vez que un partido de este
corte ideológico llegaba al poder en Escandinavia. El FrP había perdido
12 escaños en 2013 y quedó relegado a la tercera posición, cuando habían
logrado mantenerse como segunda fuerza política de Noruega hasta las
elecciones de 2009, siempre en la oposición. Acusaron el desgaste por
los atentados perpetrados en 2011 por Anders Behring Breivik, militante de su partido, cuyas dos matanzas justificó como “atroces pero necesarias en la cruzada contra las políticas liberales de inmigración y la expansión del Islam”. Aunque fue repudiado y condenado por el FrP, el estigma pasó factura dos años después.
De antisistema a antinmigración
Lo que comenzó en 1973 como un movimiento de protesta contra subidas de impuestos, desde hace años ha hecho de la xenofobia su arma política,
unido a un discurso populista conservador y nacionalista que considera
la inmigración y, más en concreto, el Islam, como una amenaza para la
cultura y el Estado del bienestar del país.
En Noruega viven alrededor de 700.000 inmigrantes.
159.000 ya han nacido en Noruega de padres inmigrantes. No parece un
gran número, pero teniendo en cuenta que la población es de cinco
millones de habitantes, éstos han alcanzado el 16,8% de la población total.
Precisamente, el Gobierno de la primera ministra, la conservadora Erna
Solberg, concedió los ministerios más sociales a su socio
ultraderechista: Infancia e Igualdad, Inmigración e Integración, Pesca,
Agricultura y Alimentación, Petróleo y Energía, Justicia y Seguridad
Pública, Economía, y Transporte y Comunicaciones.
Noruega recibió en 2015 más de 31.000 solicitantes de asilo,tres veces más que en 2014
“Todo
ha sido un proceso muy normal. La extrema derecha ha existido en
Noruega y con representación en instituciones desde los 70”, explica Ana
González-Páramo, experta en asuntos europeos e investigadora de la
fundación porCausa.
“Hoy, los grupos tradicionales de ultraderecha han pasado a nuevas
formas de populismo económico y político. El discurso antinmigración ha
calado por el miedo generado a lo largo de esta década marcada por una
crisis económica nacional derivada de la caída de los precios del
petróleo”, una de las mayores riquezas de Noruega, subraya la experta, y
añade que la oleada de refugiados desatada en 2015 fue la palanca para
acometer cambios legislativos restrictivos para la inmigración.
Noruega recibió en 2015 más de 31.000
solicitantes de asilo, una cifra récord para un Estado que, en 2014,
había recibido tres veces menos peticiones. En ese contexto, el
Ministerio de Inmigración e Integración, en manos del ultraderechista
Partido del Progreso, llevó al parlamento una reforma de la Ley de Asilo que
restringía las condiciones para ser reubicado en el país y dificultaba
la llegada y, a veces, la permanencia de menores extranjeros no
acompañados, así como la reagrupación de familias de refugiados. Hay que
tener en cuenta que este giro se produce en un país que, sin pertenecer
a la UE, decidió voluntariamente participar en el programa de
reubicación y acogida de demandantes de asilo procedentes de Siria
puesto en marcha por Bruselas hace dos años, y sus cotas de acogida
están a años luz de, por ejemplo, las españolas.
El resultado de estas políticas ha sido un
descenso en el número de acogidas desde 2015 que el Partido del Progreso
vende como un “éxito” propio y del actual Ejecutivo. “Desde que este
partido entró en el gobierno no sólo se han aplicado políticas
antinmigración, sino que ha conseguido que esas ideas calen en otros
partidos”, afirma González-Páramo.
Incluso elPartido Laborista, crítico con la ley, acabó apoyando las restricciones para acoger refugiados
El
claro ejemplo es este pacto de Estado por la inmigración, que recibió
el apoyo de todos los partidos en el Parlamento a excepción de Partido
Socialista de la Izquierda y del Partido Verde. Incluso los laboristas,
pese a criticarlo, acabaron por aceptarlo con algunas enmiendas. También
tuvo el respaldo del Partido de Centro, de los cristiano demócratas y
de los liberales.
Las estrategia del 'poli bueno y poli malo'
Desde hace una década, el FrP ha conseguido
instalar en la opinión pública el tema del la inmigración y del
multiculturalismo y asociarlo al deterioro de la cultura, la identidad y
las prestaciones sociales del país. Sobre todo ha usado el discurso
islamófobo como caballo de batalla, cuando los musulmanes apenas
representan un 4% de la población. “Ahora en el Gobierno y desde el
ministerio de inmigración e integración, sus mensajes ganan mucha más
repercusión y trascendencia en medios y redes sociales y, por tanto,
condicionan la opinión pública”, asevera González-Páramo, lo que obliga a
otros partidos a tenerlo en cuenta, debatir sobre ello y posicionarse.
“El partido conservador no es precisamente proinmigración, pero le viene
muy bien la estrategia del ‘policía bueno y el policía malo’. Deja que
FrP lance mensajes islamófobos intolerables que los conservadores luego
suavizan, pero preparan el terreno para cambios legislativos en esa
dirección”, añade la analista.
"Aquí comemos cerdo, bebemos alcohol y mostramos nuestro rostro", dijo la ministra de Inmigración e Integración
Ejemplos
no faltan de ello. La ministra de inmigración, Sylvi Listhaug, ha
destacado durante la legislatura por afirmaciones polémicas. "Aquí
comemos cerdo, bebemos alcohol y mostramos nuestro rostro. Quien viene
aquí debe cumplir los valores, leyes y regulaciones noruegas", escribió
en redes sociales antes de la Conferencia Nacional de Integración.
También se hizo célebre por viajar hasta el
Mediterráneo para intentar lavar la mala imagen que se granjeó por
expulsar a Rusia a refugiados sirios que llegaron a Noruega por la ruta
del Ártico, en pleno invierno y a 30º bajo cero. Listhaug dijo que
quería “sentir lo mismo” que un refugiado que se lanza al mar para
alcanzar Europa. En marzo viajó hasta la isla de Lesbos (Grecia) y se
arrojó al agua. Eso sí, en un traje de buzo, impermeable y de última
generación. Recibió fuertes críticas por esta acción, pero su Ley de
Asilo se aprobó pocos meses después y entró en vigor el pasado julio.
Con esa votación, casi todos los partidos asumieron tácitamente otra
célebre frase de la ministra ultra: "Jesucristo se preocupaba de que
ayudáramos a tantas personas como sea posible. En Noruega ya no es
posible atender a más".
Posible reedición del actual Gobierno
La coalición no tiene por qué reeditarse
después de este lunes, pero los sondeos aventuran que el Partido
Laborista no recuperará los escaños que perdió en las anteriores
elecciones. De hecho, puede seguir perdiendo apoyos aunque sean la
fuerza más votada. El Partido Conservador está sacando rédito de ser la
parte “más cuerda” de la coalición de gobierno y se acercan en votos a
los laboristas, mientras que a los utraderechistas del Partido del
Progreso parece que no les va a pasar factura su papel en el Ejecutivo.
Todo dependerá de los apoyos de otros partidos como Los Verdes, el
Centro o los liberales, pero la posibilidad de que los conservadores
vuelvan a confiar en los ultraderechistas es una opción más que posible,
lo que podría significar otra vuelta de tuerca al discurso y a las medidas contra la inmigración.
"Una de las proposiciones del FrP ha sido
la de renegociar convenciones de Derechos Humanos ratificadas por
Noruega en cuanto a asilo y refugio. Reclaman más restricciones y
endurecimiento de las leyes. Aunque el Partido Conservador lo ha negado,
todo dependerá de los resultados y de las posibilidades de acuerdos
para formar Gobierno", apunta González-Páramo.
CATALUNYA
Referéndum en Catalunya:
La Guardia Civil registra por segunda vez la imprenta de Tarragona por el 1-O
Este segundo registro se produce después que los
agentes registraran desde las 14.45 hasta las 17.30 horas de este
viernes las instalaciones de la misma empresa, de las que retiraron
material en una gran caja.
Agentes
de la Guardia Civil salen tras el primer registro de las instalaciones
de la imprenta de Constantí (Tarragona) después de dos días vigilando
esta empresa por si se localizase documentación relacionada con el
referéndum del 1 de octubre. EFE/Jaume Sellart
La Guardia Civil vuelve a registrar este sábado la empresa de Constantí (Tarragona)
en que sospecha que se ha impreso material para el referéndum, ha
informado Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un
comunicado.
Este segundo registro se produce después que la Guardia Civil registrara desde las 14.45 hasta las 17.30 horas de este viernes las instalaciones de la misma empresa, de las que retiraron material en una gran caja.
La entrada de los agentes en la imprenta y de la sede del semanario El Vallenc en Valls (Tarragona) ha
estado motivada por una denuncia de la Fiscalía de Tarragona por
desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.
En el marco de las diligencias previas abiertas por el juzgado de guardia de Tarragona, se han pedido tres entradas y registros en las oficinas de la imprenta en Constantí y en las dos sedes en Valls de la publicación.
Más de un centenar de personas se ha concentrado frente a la sede del semanario El Vallenc, que está siendo registrada por seis agentes de la Guardia Civil y la secretaria judicial.
Referéndum Catalunya: La Guardia Civil registra la sede del semanario catalán El Vallenc' en busca de material para el referéndum
La Asamblea de Valls, municipio donde se encuentra la
redacción del medio, ha impulsado una concentración "con esteladas"
para protestar por el registro.
La Guardia Civil registra la sede del semanario El Vallenc en busca de material para el referéndum del 1-O./Twitter
La Guardia Civil se ha personado en la mañana de este sábado en la redacción del semanario catalán El Vallenc en busca de material para el referéndum soberanista del 1 de octubre.
La Asamblea de Valls, municipio donde se
encuentra la sede del medio, ha informado de los hechos a través de
Twitter y ha impulsado una concentración "con estelades para dar apoyo a la democracia" en la plaza de Torratxa.
"La guardia civil está ahora en el semanario El Vallenc. Concentrémonos en la plaza de la Torratxa con banderas para apoyar la democracia", alertaba.
Además, cerca de un centenar de personas se
han manifestado a las puertas de la redacción del semanario al grito de
"'On són les paperetes?" y "volem votar".
A su vez, Jordi Sànchez, presidente del ANC, ha asegurado que "la Inquisición sigue bien activa en contra de la libertad de imprenta".
El semanario informó a sus lectores durante
los últimos días de que había encargado la impresión de papeletas para
el 1-O, lo que habría sido el detonante del registro, según informa El Nacional.
Junqueras y distintas organizaciones critican el registro
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras,
ha lamentado la falta de libertad de expresión tras el registro del
semanario El Vallenc en Valls (Tarragona) y ha asegurado que "la
democracia hará superar todos los obstáculos".
El también conseller de Economía ha publicado en su cuenta de Twitter dos mensajes contra este registro: "La Guardia Civil registrando un medio de comunicación, símbolo máximo de la libertad de expresión y pensamiento".
El segundo de los tuits decía: "A pesar de
todo, la fuerza de la democracia nos hará superar todos los obstáculos.
¡Seguimos!", y ha retuiteado el comunicado que ha publicado el
semanario, cuyo director se encuentra reunido con los agentes de la
Guardia Civil y la secretaria judicial.
En este sentido, la Plataforma en Defensa de Libertad de Información
(PDLI) ha condenado el registro a este semanario: "Sin libertad de
información no hay democracia", ha escrito en su perfil de Twitter.
Por su parte, el Collegi de Periodistes de Catalunya
ha condenado el registro, y ha defendido desde su cuenta en la misma
red social la importancia del "derecho ciudadano fundamental" a la
información.
En la misma línea, la Asociación Catalana de Prensa Comarcal
(ACPC) ha pedido este sábado respeto al derecho a la privacidad y al
secreto profesional de las redacciones periodísticas, así como a la
presunción de inocencia de todos los ciudadanos y, en particular, del
director de 'El Vallenc', Francesc Fàbregas, que es también presidente
de la ACPC.al.Batalla política por el referéndum Última hora en Catalunya | Errejón pide a Rajoy que hable con Puigdemont: "Siempre hay tiempo para que levante el teléfono"
Se suceden las declaraciones y advertencias de
distintos representantes políticos en una jornada en la que ninguno de
ellos deja de hacer campaña. El partido de Ada Colau sienta hoy las
bases sobre la consulta que definirá su postura sobre el 1-O.
El
presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto al
vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, durante el debate en el
Parlament. - EFE
En esta pieza
informativa encontrarás actualizada la última hora del día publicada en
los medios y agencias de noticias españoles sobre el proceso soberanista
de Catalunya. La información está ordenada situando las últimas
informaciones en primer plano.
-El Ayuntamiento de Lleida tampoco cederá espacios para el 1-O. Su alcalde, Àngel Ros
(PSC), ha confirmado en declaraciones a Rac1 que no cederá espacios
municipales para el referéndum. El alcalde ha manifestado su intención
de no saltarse la legalidad y, después de estudiar el informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, considera que "no podemos obligar a los funcionarios a incumplir la ley". "No somos los alcaldes los que dejamos votar o no, es la ley", ha dicho el alcalde socialista.
-Errejón pide a Mariano Rajoy que negocie con Puigdemont: "Siempre hay tiempo para que levante el teléfono". El
secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos ha
dicho hoy que "siempre hay tiempo" para que el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, "levante el teléfono" y convoque a una negociación al
jefe del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont."Siempre hay tiempo para
que se restablezcan los canales de comunicación y para que, por encima
del ruido, de los conflictos y la pelea, reconozcamos con normalidad que
España es un país de países, que hay diferentes naciones y que podemos
estar juntos", ha expuesto en una entrevista en la Cadena Ser el diputado de Podemos. (EFE)
-El PDeCAT ha utilizado en la reunión de su Consell Nacional el eslogan "no tinc por" (no tengo miedo) que
sirvió para canalizar los actos de protesta contra los atentados
yihadistas en Barcelona y Cambrils, para expresar en este caso su
solidaridad con los querellados por el proceso soberanista.(EFE)
-La Guardia Civil registra por segunda vez la imprenta de Tarragona por el 1-O: Este
segundo registro se produce después que los agentes inspeccionaran
desde las 14.45 hasta las 17.30 horas de este viernes las instalaciones
de la misma empresa, de las que retiraron material en una gran caja.
-Como Albert Rivera, Pedro Sánchez cierra filas con el Gobierno del PP en lo que toca a Catalunya. En
un acto en Badajoz, el secretario general del PSOE ha querido trasladar
un doble mensaje a la ciudadanía española y, en especial a la catalana,
de seguridad y esperanza ante los acontecimientos que se han vivido
esta semana, y aseguró con rotundidad que “antes y después del 1 de octubre, Catalunya seguirá siendo España”.
-C's presenta en el Congreso una resolución de apoyo a Gobierno y poder judicial ante el "golpe a la Democracia". Con
esta iniciativa Ciudadanos (C's) quiere que todos los partidos muestren
su apoyo al Gobierno y al poder judicial para "impedir el golpe a la
democracia" por parte de los "separatistas" catalanes. (EUROPA PRESS Y
EFE)
-Cientos de personas se concentran en País Vasco en apoyo al referéndum: Los han convocado
la coordinadora Kataluniarekin Koordinaziogunea y la Assemblea Nacional
Catalana en Euskal Herria, con motivo de la Diada de Catalunya del
próximo lunes, y para mostrar su apoyo al referéndum del 1 de octubre,
cita que, en su opinión, representa una "oportunidad de ser un estado moderno, democrático, justo y libre". (EUROPA PRESS)
-Puigdemont: "Nadie nos puede decir que, cuando las urnas salgan llenas de votos, eso no tiene garantías" El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha
advertido de que el Estado intentará "poner a prueba" a los catalanes
antes del 1 de octubre. Durante su intervención en el Consell Nacional
del PDeCAT, celebrado este sábado en Barcelona, ha alertado de que los
poderes del Estado "saben que el Parlament ya ha terminado su trabajo y que el Govern lo tiene todo en marcha", por
lo que centrarán su actividad en atacar la movilización ciudadana y en
causar confusión. "Nadie nos puede decir que cuando las urnas salgan
llenas de votos, eso no tiene garantías". (EUROPA PRESS)
-Cifuentes sorprende con su aplauso a Colau: La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, ha aplaudido la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de paralizar la cesión de locales para el 1-O,
porque "las fuerzas constitucionalistas tienen que estar al lado de las
leyes". "La felicito y me alegro de que vaya a hacer cumplir la ley",
ha contestado a la prensa desde una jura de bandera en Algete. (EP)
-Llamamiento a la calma de Miquel Iceta.
"Palabras irresponsables y temerarias de Carles Puigdemont. Acabarán
provocando insultos y amenazas. ¡Llamamos a la calma!". Este ha sido el
mensaje de Twitter con el que el primer secretario del PSC, Miquel
Iceta, ha respondido a la recomendación que hizo este viernes el
president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a los asistentes a
un acto de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Puigdemont los emplazó a
dirigirse de la siguiente manera a sus representantes municipales: "Mírame a los ojos y dime, '¿me dejarás votar o impedirás que vote?'". (EFE)
-ERC dice no reconocer la autoridad del TC sobre el "derecho" de Catalunya a la autodeterminación.
Así lo ha afirmado su secretaria general, Marta Rovira, que además ha
pedido a los funcionarios "tranquilidad" porque los dirigentes
secesionistas se declararán "culpables" por ellos. "El Tribunal
Constitucional no es el órgano para juzgar si Catalunya tiene derecho o
no a la autodeterminación", ha subrayado Rovira en declaraciones a
Catalunya Radio, que ha recordado que "la misma ley del referéndum
-suspendida por el TC- dice que no admite injerencias del
Constitucional". (EFE).
-La Guardia Civil irrumpe en el semanario El Vallenc en busca de material relacionado con el 1-O.
El semanario informó a sus lectores durante los últimos días que había
encargado la impresión de papeletas para el 1-O lo que habría sido el
detonante del registro, según informa El Nacional.
-Catalá pide a la Generalitat que no someta a los funcionarios catalanes a "ninguna tensión". El
ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido este sábado en que
todos los funcionarios de Catalunya, incluidas las fuerzas de seguridad,
deben saber que "tienen detrás todo el aval de la ley", y en concreto
de las leyes vigentes. Ha señalado en este sentido que "una ley
inconstitucional y suspendida nunca puede generar una obligación para
nadie, ni para un ciudadano ni para un funcionario". (EFE)
-El portavoz del PP en Barcelona pide a Colau que "acabe con su ambigüedad" y rechace tajante la cesión de locales.
Alberto Fernández ha exigido este sábado a la alcaldesa de la ciudad
que "ponga fin al suspense del suspenso, acabe con su ambigüedad" y
rechace de forma expresa la cesión de locales municipales para la
celebración del referéndum secesionista. El portavoz popular ha
reprochado también a la CUP que esté pidiendo a los catalanes que
"canalicen su rabia hacia el PP", una actitud que "me recordaba a
aquella peor Batasuna que desde los escaños municipales señalaba a los
siguientes objetivos de ETA" y ha criticado los carteles que están
colgando las juventudes de la CUP por "señalar" a personas que no apoyan
el referéndum. (EUROPA PRESS)
2017/09/08
Otegi: «Hay que elegir; o se está con Catalunya o con un Gobierno que utiliza la fuerza»
|DONOSTIA
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi,
interpeló ayer al PNV para que «rectifique su posición» y deje de
respaldar a un Gobierno español que no tiene oferta política ni para
Catalunya ni para Euskal Herria. «No puede sostener a un Gobierno que
manda a la Fiscalía y a la Guardia Civil contra los cargos electos y
contra el pueblo de Catalunya», afirmó, añadiendo que «defender al
pueblo catalán es apoyar a Euskal Herria».
En una rueda de prensa ofrecida en Donostia para valorar los últimos acontecimientos en Catalunya, Otegi destacó que en este «momento histórico» las fuerzas abertzales tienen que posicionarse, y dirigiéndose expresamente al PNV manifestó que «hay que elegir: o se está con el pueblo de Catalunya, un pueblo que utiliza las vías democráticas, o se está con un Gobierno que utiliza la fuerza».
Ante los hechos de las últimas horas, en las que Madrid comenzó a desplegar toda su maquinaria contra el referéndum, advirtió que «en el Estado español no existe un interlocutor democrático, sino un Gobierno dispuesto a usar la amenaza y el miedo». Calificó de escandalosas las medidas planteadas por el Estado español a través de la Fiscalía y puso en valor la respuesta catalana: «El independentismo ha presentado una moción de censura integral y democrática al régimen del 78», manifestó.
En ese contexto, el coordinador general de la formación soberanista considera necesario que el PNV «rectifique su posición» y no sea «cómplice» de un Ejecutivo que «amenaza con la fuerza a las instituciones democráticas» del Principat.
La respuesta del Estado consiste, en su opinión, en intentar mantener vivo un régimen que se está «derrumbando» a través de «medidas coercitivas, coactivas, de amenaza, de chantaje, de miedo». «El Estado hace lo único que sabe hacer, que es tratar de mantener, por la vía de la fuerza, un andamiaje que hace aguas», apuntó.
Tras remarcar que nos encontramos frente a un Estado sin oferta política alguna para los pueblos catalán y vasco, llamó a «estar a la altura de este momento histórico».
También la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Gasteiz, Maddalen Iriarte, se pronunció sobre la situación de Catalunya y afirmó que «muestra un camino a Euskal Herria» y deja «en evidencia que los malabarismos que hacen el PNV y el señor Urkullu, tratando de vendernos que lo nuestro es una relación bilateral, son falsos».
En una rueda de prensa ofrecida en Donostia para valorar los últimos acontecimientos en Catalunya, Otegi destacó que en este «momento histórico» las fuerzas abertzales tienen que posicionarse, y dirigiéndose expresamente al PNV manifestó que «hay que elegir: o se está con el pueblo de Catalunya, un pueblo que utiliza las vías democráticas, o se está con un Gobierno que utiliza la fuerza».
Ante los hechos de las últimas horas, en las que Madrid comenzó a desplegar toda su maquinaria contra el referéndum, advirtió que «en el Estado español no existe un interlocutor democrático, sino un Gobierno dispuesto a usar la amenaza y el miedo». Calificó de escandalosas las medidas planteadas por el Estado español a través de la Fiscalía y puso en valor la respuesta catalana: «El independentismo ha presentado una moción de censura integral y democrática al régimen del 78», manifestó.
En ese contexto, el coordinador general de la formación soberanista considera necesario que el PNV «rectifique su posición» y no sea «cómplice» de un Ejecutivo que «amenaza con la fuerza a las instituciones democráticas» del Principat.
La respuesta del Estado consiste, en su opinión, en intentar mantener vivo un régimen que se está «derrumbando» a través de «medidas coercitivas, coactivas, de amenaza, de chantaje, de miedo». «El Estado hace lo único que sabe hacer, que es tratar de mantener, por la vía de la fuerza, un andamiaje que hace aguas», apuntó.
Tras remarcar que nos encontramos frente a un Estado sin oferta política alguna para los pueblos catalán y vasco, llamó a «estar a la altura de este momento histórico».
También la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Gasteiz, Maddalen Iriarte, se pronunció sobre la situación de Catalunya y afirmó que «muestra un camino a Euskal Herria» y deja «en evidencia que los malabarismos que hacen el PNV y el señor Urkullu, tratando de vendernos que lo nuestro es una relación bilateral, son falsos».
«I love CAT», el mensaje en Twitter con el que Urkullu pretende mostrar su apoyo a Catalunya
El tono distante ha sido la tónica general del Gobierno de
Lakua a la hora de pronunciarse sobre Catalunya, declarando su apoyo al
tiempo que dejaba clara que su apuesta es otra y no pasa por la
unilateralidad. El lehendakari, Iñigo Urkullu, rompió ayer su silencio a
través de Twitter con el mensaje «I love CAT» y una imagen de la
senyera. El gesto no estuvo exento de polémica y fueron muchos quienes
le interpelaron en relación a su postura con el proceso catalán.
Preguntado en rueda de prensa, Otegi respondió que «a mí también me
gustan los gatos».GARA
Referéndum en Catalunya
El Parlament catalán desoye al Estado y aprueba la Ley de Transitoriedad Jurídica
Igual que ayer con la Ley del
Referéndum, JxSí y la CUP han pedido hoy alterar el orden del día del
pleno del Parlament, en este caso para debatir y votar la Ley de
Transitoriedad Jurídica, que ha sido aprobada con 71 votos a favor, 10
en contra y la ausencia de Ciudadanos, PSC y PP.
|BARCELONA|2017/09/0
Los diputados de C's, PSC y PP han vuelto a intentar obstaculizar el debate. (Pau BARRENA/AFP)
Tras cuatro nuevas y largas reuniones de la Mesa del
Parlament y la Junta de Portavoces, la Cámara catalana ha debatido y
aprobado la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la
República.La norma ha recibido 71 votos a favor (JxSí y la CUP) y 10 en
contra (CSQP), mientras que Ciudadanos, PSC y PP han optado por
ausentarse de la votación.
Es una respuesta clara e inequívoca a las actuaciones anunciadas hoy por el Gobierno español, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado: las prohibiciones españolas no frenarán por sí solas el 1-O.
Los grupos de C's, PSC y PP han vuelto a obstaculizar el debate de la Ley durante siete horas insistiendo en el debate procedimental. Finalmente, el debate ha comenzado pasadas las 23.00 y se ha votado poco antes de la 1.00.
Una ley para el 2 de octubre
Si la Ley ayer aprobada es la que ofrece amparo al referéndum del 1 de octubre, la Transitoriedad Jurídica es la norma que debe garantizar el carácter vinculante de su resultado. Es decir, el puente que, en caso de victoria del Sí el 1-O, debería asegurar un tránsito ordenado de la legalidad española a la legalidad catalana. Es, en resumen, la Ley que debe facilitar la ruptura con el orden constitucional español.
Es, además, la norma que funcionaría a modo de pequeña Constitución temporal hasta que, en el término de un año después del hipotético Sí el 1-O, la Asamblea Constituyente aprobase la verdadera y definitiva Carta Magna de la República catalana, que debería ser refrendada por la ciudadanía en plebiscito.
Por ello, con el objetivo de que sea el posterior proceso constituyente el que se encargue de dar forma a la República, lo que hace la Ley, en términos generales, es mantener el actual orden jurídico, pero sustituir el actual paraguas constitucional español por un paraguas jurídico catalán. Exactamente, la Ley establece que «las normas locales, autonómicas y estatales vigentes en Catalunya en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, se continúan aplicando en todo aquello que no contravenga la presente ley».
Los cambios, en muchas ocasiones, son de nomenclatura. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya pasaría a ser el Tribunal Supremo de Catalunya, el president de la Generalitat pasaría a ser también jefe de Estado, y el Consell de Garanties Estatutaries sería el Consell de Garanties Democràtiques. Pueden consultar el resumen de la Ley publicado el pasado 29 de agosto.
Es una respuesta clara e inequívoca a las actuaciones anunciadas hoy por el Gobierno español, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado: las prohibiciones españolas no frenarán por sí solas el 1-O.
Los grupos de C's, PSC y PP han vuelto a obstaculizar el debate de la Ley durante siete horas insistiendo en el debate procedimental. Finalmente, el debate ha comenzado pasadas las 23.00 y se ha votado poco antes de la 1.00.
Una ley para el 2 de octubre
Si la Ley ayer aprobada es la que ofrece amparo al referéndum del 1 de octubre, la Transitoriedad Jurídica es la norma que debe garantizar el carácter vinculante de su resultado. Es decir, el puente que, en caso de victoria del Sí el 1-O, debería asegurar un tránsito ordenado de la legalidad española a la legalidad catalana. Es, en resumen, la Ley que debe facilitar la ruptura con el orden constitucional español.
Es, además, la norma que funcionaría a modo de pequeña Constitución temporal hasta que, en el término de un año después del hipotético Sí el 1-O, la Asamblea Constituyente aprobase la verdadera y definitiva Carta Magna de la República catalana, que debería ser refrendada por la ciudadanía en plebiscito.
Por ello, con el objetivo de que sea el posterior proceso constituyente el que se encargue de dar forma a la República, lo que hace la Ley, en términos generales, es mantener el actual orden jurídico, pero sustituir el actual paraguas constitucional español por un paraguas jurídico catalán. Exactamente, la Ley establece que «las normas locales, autonómicas y estatales vigentes en Catalunya en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, se continúan aplicando en todo aquello que no contravenga la presente ley».
Los cambios, en muchas ocasiones, son de nomenclatura. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya pasaría a ser el Tribunal Supremo de Catalunya, el president de la Generalitat pasaría a ser también jefe de Estado, y el Consell de Garanties Estatutaries sería el Consell de Garanties Democràtiques. Pueden consultar el resumen de la Ley publicado el pasado 29 de agosto.
PSOE Sánchez: “Antes y después del 1-O Catalunya seguirá siendo España”
Afirma que no es el momento de siglas ni de partidos,
“sino de defender la democracia y la integridad de nuestro país, y ahí
va a estar siempre el PSOE”.
Pedro Sánchez./EUROPA PRESS
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,
quiso trasladar este sábado desde Badajoz un doble mensaje a la
ciudanía española y, en especial a la catalana, de seguridad y esperanza
ante los acontecimientos que se han vivido esta semana, y aseguró con
rotundidad que “antes y después del 1 de octubre, Catalunya seguirá
siendo España”.
Sánchez, en un acto celebrado en la capital pacense ante el secretario general del PSOE extremeño Guillermo Fernández Vara,
también hizo especial hincapié en que hay que tener confianza en el
futuro y lo vinculó, en gran parte, a la creación de la comisión de para
evaluar y modernizar el modelo territorial de España, dando por hecho
que se pondrá en marcha en el Congreso.
El líder socialista adelantó que va a haber
un gran acuerdo parlamentario para hacer realidad dicha iniciativa y
que, es su opinión, será la vía que resuelva el actual conflicto.
Sánchez, además, aprovechó el acto para enviar un mensaje de apoyo a los alcaldes del PSC en Catalunya que
no van a facilitar la celebración del referéndum. Dijo que todos los
socialistas se sienten orgullosos de ellos, y aseguró que “con su
fortaleza y sus convicciones se abrirá un nuevo tiempo de esperanza para
resolver la situación de Catalunya”, dijo.
El líder socialista también reiteró su apoyo
al Gobierno y aseguró que no es el momento ni de siglas ni de partido,
sino el momento de defender “la legalidad, la democracia y la integridad
de nuestro país, y ahí va a estar siempre el PSOE”. Asimismo, recalcó
que los socialistas van a estar con la ley y, a la vez, buscando el
entendimiento.
Además, criticó con dureza lo ocurrido en el Parlament de Catalunya
esta semana. Para Sánchez, lo acontecido en la Cámara catalana no fue
un choque de trenes, “fue un atropello a las instituciones catalanas, a
la legalidad y al democracia”, afirmó.
Calificó los acuerdos adoptados son
“plenamente inconstitucionales”, y señaló que, “cualquier idea no está
por encima de la democracia, y todas las ideas sólo serán legítimas si
se defienden dentro de la democracia”. Por ello, indicó que no caben
caminos unilaterales e ilegales.
Fernández Vara compartió plenamente los
planteamientos de Sánchez e hizo un discurso conciliador con Catalunya.
Aseguró que hay que entender lo ocurrido porque “muchos catalanes tienen
un Estatuto que no quisieron”, pero aseguró que el asunto no se va a
resolver con exabruptos. Por ello, abogó por la vía del diálogo y porque
sea el PSOE quien busque esa posibilidad de acuerdo.
Corrupción del PP: La UCO señala al número 2 de Rita Barberá como responsable de la financiación ilegal de las campañas de 2007, 2011 y 2015
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil
apunta en su informe a un "posible delito electoral continuado" y sitúa a
Alfonso Grau en el centro de la supuesta financiación ilegal del PP
local de Valencia.
El
exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, detenido ayer en Valencia por
supuesto cohecho y posteriormente puesto en libertad. EFE
Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa al que durante varias legislaturas fue número dos de Rita Barberá y vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, en el centro de la supuesta financiación ilegal del PP local para las campañas de 2007, 2011 y 2015.
Así consta en un informe de la UCO remitido
al Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, responsable del conocido como
caso Imelsa, en el que se investiga en varias piezas desde el supuesto
blanqueo de capitales en el seno del PP municipal hasta adjudicaciones
supuestamente irregulares efectuadas desde varias administraciones
controladas por el PP.
En dicho informe se constatan las relaciones
entre la empresa Laterne, a través de la cual se recaudaron
supuestamente fondos -principalmente, entre empresas adjudicatarias de
contratos públicos- para la financiación ilegal del PP local.
El informe se sustancia en torno a diversa
información facilitada por un exasesor de Grau y exempleado de Laterne,
Jesús Gordillo, que conservó la documentación que ahora sirve de prueba
por orden de Grau, según declaró.
Así, los investigadores consideran a Alfonso
Grau como el máximo responsable en el control de los trabajos que se
realizaron para las elecciones municipales de 2007 y también como intermediario para la obtención de fondos que permitiesen afrontar el coste de dichos trabajos.
La Guardia Civil entiende que Grau contó con la colaboración de su amigo y empresario Vicente Sáez, ya fallecido, y de su estructura empresarial, especialmente la firma Laterne.
Según el contenido del informe, fue a través
de esta empresa como se financiaron de forma irregular los trabajos
dedicados a promocionar la figura de la exalcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, durante las campañas electorales.
La investigación revela la existencia "ya
desde del año 2007" de una dinámica consistente en el empleo del grupo
municipal del PP de Valencia para asumir cometidos propios del partido
en relación con la organización y desarrollo de las campañas
electorales.
Todo ello "con la finalidad de ocultar
determinados gastos que por su naturaleza deberían tener reflejo en la
contabilidad global de la formación política presentada ante el Tribunal de Cuentas".
En los años 2011 y 2015, el dinero en efectivo "recaudado"
a distintos colaboradores o militantes se ingresó en cuentas del grupo
municipal desde las que posteriormente se realizaban los pagos, en un
proceso que también se investiga en el mismo juzgado.
Por el contrario, en 2007 -siempre según el
informe de la UCO- "el dinero recaudado en efectivo no se llegó a
ingresar en las cuentas del grupo, sino que se utilizó directamente para
realizar los pagos a los distintos proveedores".
Por otra parte, también se ha constatado
que, además de las entregas en efectivo, varias empresas adjudicatarias
de contratos públicos durante la época de Rita Barberá pagaron directamente a Laterne los actos organizados por el PP local.
"La capacidad de disponer de elevadas sumas
de dinero en efectivo, unido a las aportaciones de terceras empresas,
fundaciones y organismos, permitió lograr que terceros sufragasen de
manera efectiva gastos propios del partido, permaneciendo estos gastos
ocultos a los órganos fiscalizadores que por lógica no pueden fiscalizar
lo que, como en este caso, se les oculta", expone la Guardia Civil.
Estos hechos, unidos a los ya investigados
respecto de las campañas de 2011 y 2015 "establecen la posibilidad de
considerar la concurrencia en los hechos investigados de un posible
delito electoral continuado".
ARGENTINA
El juez Otranto se negó a allanar el casco de la estancia de Benetton
El dato es clave porque los testigos declararon que Maldonado fue trasladado al lugar.
El 7 de septiembre hubo en El Bolsón una marcha por la aparición
con vida de Santiago Maldonado que partió desde la plaza Pagano. Ya
entonces se notó la presencia de un sujeto que fotografiaba la columna
desde una esquina. Luego el "espía" siguió esa procesión a bordo de una
camioneta Toyota Hilux. Y tres cuadras después, a pocos metros del
casino de suboficiales de la Gendarmería, fue increpado por los
manifestantes, a quienes casi atropelló en su precipitado repliegue.
Pero su imagen quedó registrada por cámaras y celulares, al igual que la
patente INR 983 del vehículo. Así fue posible identificarlo; era un tal
Federico Germán Magri. Un nombre a tener en cuenta.
Se trataba del gerente de Green Quality, una empresa de biotecnología agropecuaria asentada en la localidad chubutense de El Hoyo y miembro de la pata civil del pogrom contra la comunidad mapuche en alianza con el poder político y las fuerzas de seguridad. Una suerte de "Liga Patriótica" organizada –tal como adelantó Tiempo Argentino el 27 de agosto– por el funcionario del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, tras ciertas reuniones que mantuvo junto a su jefa, Patricia Bullrich, con referentes de las sociedades rurales de Neuquén, Chubut y Río Negro. Entre ellos resaltaban los terratenientes Néstor Becerra, Julio Crespo Campos, Roberto Jimeno y el administrador general de las estancias del Grupo Benetton, Ronald McDonald.
El administrador, secundado por el capataz Vivian Hughes, supo armar una guardia blanca con matones rurales armados con revólveres y escopetas. Suelen efectuar con regularidad tareas de hostigamiento contra los pobladores de la Lof de Cushamen. Y no son ajenos a las redadas represivas de Gendarmería y la policía local. Tanto es así que durante el ataque de 10 de enero, el propio McDonald comandó el robo de ocho caballos y una vaca de la comunidad, la cual fue carneada ante la vista de los prisioneros.
También en la mañana del 1º de agosto los paramilitares de Benetton se mostraron activos. Según el relato a este diario de Soraya Macoño –la vocera mapuche detenida con dos lamien (hermanos) al circular en un vehículo por la ruta 40, a la altura del ingreso a la estancia de Leleque– "sus camionetas iban y venían, se metían en la comisaría y volvían a la estancia para salir otra vez hacia la Lof. Los hombres de McDonald daban órdenes, indicaciones. Ellos sabían todo lo que pasaba".
En la ya citada edición de Tiempo fue revelada la existencia de una base logística de Gendarmería en el casco de dicha estancia. Eso motivó que al día siguiente la fiscal Silvina Ávila elevara al juez –por orden de la Procuración de Violencia Institucional (Procuvin)–, un pedido de allanamiento en ese lugar. A tal efecto adjuntó a la solicitud una copia del artículo en cuestión. Pero para Otranto –un hombre de profundas convicciones religiosas– aquella ciudadela privada sería parte de un "territorio sagrado". De modo que se negó a realizar aquella diligencia con el argumento de que "la información periodística resulta insuficiente" para acreditar la existencia de dicha unidad operativa.
Pero 23 días antes, durante el rastrillaje con canes en el predio mapuche, su señoría –de muy mal talante por el recelo que le dispensaban sus forzados anfitriones– se retiró a esperar los resultados del procedimiento justamente en aquella base secreta. Vueltas de la vida.
Otranto –amparado en el secreto sumarial– también se negó a cruzar las comunicaciones telefónicas de Noceti con los oficiales de todos los escuadrones de la Gendarmería en la región. La excusa esgrimida: "Al doctor no se lo vincula con la investigación". ¿Acaso teme que ese entrecruzamiento pueda detectar llamadas entre ese funcionario y su propia línea antes, durante y después de que Santiago Maldonado fuera visto por última vez?
Por lo pronto, en una telegráfica entrevista publicada el 7 de septiembre por el diario La Nación, Noceti proclamó: "Nunca hablé con quien comandó el operativo antes de iniciarse".
Los hechos –y su boca– lo desmienten. En sendas entrevistas radiales concedidas el 2 de agosto a Radio Nacional Esquel y FM Sol, Noceti se refirió con lujo de detalles a una reunión convocada por él en Bariloche el 31 de julio para impartir directivas de la acción del día siguiente. Y según sus palabras, se encontraban presentes "el ministro de Gobierno de Chubut y su jefe de policía; el secretario de Seguridad de Río Negro y su jefe de policía; la gente de Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además estuvieron todos los jefes de los escuadrones de Gendarmería en la zona cordillerana". Se refería, entre otros, a los comandantes Fabián Méndez, de El Bolsón, y Pablo Escola, el segundo jefe de Esquel. Ambos encabezaron la represión.
Ahora se sabe que Noceti se jactó allí de poder encarcelar a integrantes de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), su enemigo interno favorito, sin orden de un juez, en base a una interpretación algo antojadiza del artículo 213 bis del Código Procesal, referido a situaciones de "flagrancia" que ponen en riesgo la seguridad nacional. "Las fuerzas federales –dispuso– van a actuar con autonomía respecto a la justicia".
La reunión terminó al mediodía. Horas más tarde, a manera de ensayo, hizo detener a nueve mapuches que se manifestaban ante la fiscalía federal en protesta por la detención del lonko Facundo Jonas Huala.
A la mañana siguiente, Noceti salió en dirección al sur. Se detuvo en la Lof de Cushamen al ocurrir la bruta irrupción de los gendarmes; su presencia allí coincidió en el tiempo con la captura de Santiago. Luego partió a bordo de su camioneta blanca. Y a las 13:30 se lo vio llegar al sitio donde permanecía Soraya y sus dos acompañantes. Luego de bravuconearla siguió viaje rumbo a Esquel. Allí mantuvo una ríspida reunión con Otranto.
Según una fuente próxima al juzgado, hubo el siguiente diálogo:
–Le adelanto que Gendarmería actuó sin orden judicial –soltó Noceti– porque, usted sabe, con la figura de flagrancia nos basta.
–Vea –contestó Otranto–, con eso usted puede despejar la ruta. Pero no entrar al territorio mapuche. Para eso necesitaba una orden mía…
Noceti insistió con el criterio de la autonomía de las fuerzas. Y remató:
–De todos modos, el operativo ya está hecho.
Dicen que por toda reacción, Otranto se quedó en el molde.
Ya eran las 17:00 cuando Soraya volvió a verlo pasar, esta vez en dirección al norte. Entonces fue fotografiado por un reportero free lance. Esa imagen fue el primer peldaño de la vidriosa situación que ahora lo envuelve. Una situación que se expande como una mancha venenosa. Hay veces que la realidad no perdona. «
Se trataba del gerente de Green Quality, una empresa de biotecnología agropecuaria asentada en la localidad chubutense de El Hoyo y miembro de la pata civil del pogrom contra la comunidad mapuche en alianza con el poder político y las fuerzas de seguridad. Una suerte de "Liga Patriótica" organizada –tal como adelantó Tiempo Argentino el 27 de agosto– por el funcionario del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, tras ciertas reuniones que mantuvo junto a su jefa, Patricia Bullrich, con referentes de las sociedades rurales de Neuquén, Chubut y Río Negro. Entre ellos resaltaban los terratenientes Néstor Becerra, Julio Crespo Campos, Roberto Jimeno y el administrador general de las estancias del Grupo Benetton, Ronald McDonald.
El administrador, secundado por el capataz Vivian Hughes, supo armar una guardia blanca con matones rurales armados con revólveres y escopetas. Suelen efectuar con regularidad tareas de hostigamiento contra los pobladores de la Lof de Cushamen. Y no son ajenos a las redadas represivas de Gendarmería y la policía local. Tanto es así que durante el ataque de 10 de enero, el propio McDonald comandó el robo de ocho caballos y una vaca de la comunidad, la cual fue carneada ante la vista de los prisioneros.
También en la mañana del 1º de agosto los paramilitares de Benetton se mostraron activos. Según el relato a este diario de Soraya Macoño –la vocera mapuche detenida con dos lamien (hermanos) al circular en un vehículo por la ruta 40, a la altura del ingreso a la estancia de Leleque– "sus camionetas iban y venían, se metían en la comisaría y volvían a la estancia para salir otra vez hacia la Lof. Los hombres de McDonald daban órdenes, indicaciones. Ellos sabían todo lo que pasaba".
En la ya citada edición de Tiempo fue revelada la existencia de una base logística de Gendarmería en el casco de dicha estancia. Eso motivó que al día siguiente la fiscal Silvina Ávila elevara al juez –por orden de la Procuración de Violencia Institucional (Procuvin)–, un pedido de allanamiento en ese lugar. A tal efecto adjuntó a la solicitud una copia del artículo en cuestión. Pero para Otranto –un hombre de profundas convicciones religiosas– aquella ciudadela privada sería parte de un "territorio sagrado". De modo que se negó a realizar aquella diligencia con el argumento de que "la información periodística resulta insuficiente" para acreditar la existencia de dicha unidad operativa.
Pero 23 días antes, durante el rastrillaje con canes en el predio mapuche, su señoría –de muy mal talante por el recelo que le dispensaban sus forzados anfitriones– se retiró a esperar los resultados del procedimiento justamente en aquella base secreta. Vueltas de la vida.
Otranto –amparado en el secreto sumarial– también se negó a cruzar las comunicaciones telefónicas de Noceti con los oficiales de todos los escuadrones de la Gendarmería en la región. La excusa esgrimida: "Al doctor no se lo vincula con la investigación". ¿Acaso teme que ese entrecruzamiento pueda detectar llamadas entre ese funcionario y su propia línea antes, durante y después de que Santiago Maldonado fuera visto por última vez?
Por lo pronto, en una telegráfica entrevista publicada el 7 de septiembre por el diario La Nación, Noceti proclamó: "Nunca hablé con quien comandó el operativo antes de iniciarse".
Los hechos –y su boca– lo desmienten. En sendas entrevistas radiales concedidas el 2 de agosto a Radio Nacional Esquel y FM Sol, Noceti se refirió con lujo de detalles a una reunión convocada por él en Bariloche el 31 de julio para impartir directivas de la acción del día siguiente. Y según sus palabras, se encontraban presentes "el ministro de Gobierno de Chubut y su jefe de policía; el secretario de Seguridad de Río Negro y su jefe de policía; la gente de Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además estuvieron todos los jefes de los escuadrones de Gendarmería en la zona cordillerana". Se refería, entre otros, a los comandantes Fabián Méndez, de El Bolsón, y Pablo Escola, el segundo jefe de Esquel. Ambos encabezaron la represión.
Ahora se sabe que Noceti se jactó allí de poder encarcelar a integrantes de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), su enemigo interno favorito, sin orden de un juez, en base a una interpretación algo antojadiza del artículo 213 bis del Código Procesal, referido a situaciones de "flagrancia" que ponen en riesgo la seguridad nacional. "Las fuerzas federales –dispuso– van a actuar con autonomía respecto a la justicia".
La reunión terminó al mediodía. Horas más tarde, a manera de ensayo, hizo detener a nueve mapuches que se manifestaban ante la fiscalía federal en protesta por la detención del lonko Facundo Jonas Huala.
A la mañana siguiente, Noceti salió en dirección al sur. Se detuvo en la Lof de Cushamen al ocurrir la bruta irrupción de los gendarmes; su presencia allí coincidió en el tiempo con la captura de Santiago. Luego partió a bordo de su camioneta blanca. Y a las 13:30 se lo vio llegar al sitio donde permanecía Soraya y sus dos acompañantes. Luego de bravuconearla siguió viaje rumbo a Esquel. Allí mantuvo una ríspida reunión con Otranto.
Según una fuente próxima al juzgado, hubo el siguiente diálogo:
–Le adelanto que Gendarmería actuó sin orden judicial –soltó Noceti– porque, usted sabe, con la figura de flagrancia nos basta.
–Vea –contestó Otranto–, con eso usted puede despejar la ruta. Pero no entrar al territorio mapuche. Para eso necesitaba una orden mía…
Noceti insistió con el criterio de la autonomía de las fuerzas. Y remató:
–De todos modos, el operativo ya está hecho.
Dicen que por toda reacción, Otranto se quedó en el molde.
Ya eran las 17:00 cuando Soraya volvió a verlo pasar, esta vez en dirección al norte. Entonces fue fotografiado por un reportero free lance. Esa imagen fue el primer peldaño de la vidriosa situación que ahora lo envuelve. Una situación que se expande como una mancha venenosa. Hay veces que la realidad no perdona. «
Maldonado: crece la percepción social sobre la responsabilidad de Gendarmería
El impacto en la imagen del oficialismo.
Más de 30 días después de la desaparición de Santiago Maldonado,
el gobierno ensayó un viraje en su posición. La decisión tuvo múltiples
lecturas: las novedades en la investigación, el alto conocimiento que
el caso alcanzó en todos los estratos sociales y los potenciales riesgos
electorales. La masiva marcha a Plaza de Mayo para reclamar la
aparición con vida del joven -incluido el operativo represivo de
detenciones- y el velo descorrido sobre el rol de la Gendarmería
terminaron de configurar un nuevo escenario.
La percepción ciudadana sobre el rol y responsabilidad del gobierno también sufrió esos vaivenes. Una encuesta de la consultora Dicen exclusiva para Tiempo confirma el cambio de opinión en la provincia de Buenos Aires, el territorio clave de las próximas elecciones legislativas de octubre.
La investigación se realizó en dos etapas: el 1 y 2 de septiembre, la primera; y una semana después, el 7 y 8, la segunda. Se concretaron 1250 entrevistas telefónicas recolectadas a través de IVR (sistema automatizado) en todo el distrito provincial.
Antes de la marcha a Plaza de Mayo, los bonaerenses quedaron divididos en partes iguales al ser consultados sobre qué le paso a Maldonado. El 32,8% responsabilizó a la Gendarmería, mientras que el 31,6 apuntó a la comunidad mapuche. Además, un 6,3% señaló que el joven está extraviado, el 9,4 dijo que no había escuchado hablar del caso, y un 19,4 contestó que no sabía qué le pudo haber pasado.
El estudio reveló que, entre quienes apuntaron a Gendarmería, la imagen negativa del presidente sumaba el 72,3 por ciento. Asimismo, el 51,2 de quienes apuntaron a los mapuches tenían una percepción positiva del mandatario.
Una semana después, las respuestas vuelven la mirada sobre la fuerza que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se empeña en defender. El 36,3% culpó a la Gendarmería y un 27, 2 (casi cinco puntos menos que en la primera medición) volvió a señalar a los mapuches. En la misma secuencia, el 7% dijo que Maldonado se perdió, el 7,9 afirmó que no estaba informado, y el 20,8 persistió en el "no sabe".
"En la percepción social el tema arrancó como 'caído en la grieta', con porcentajes muy parejos que reflejaban el apoyo o no al gobierno de Mauricio Macri. Algo de esa situación empezó a modificarse y comienza a predominar la hipótesis que apunta a Gendarmería como principal responsable de la desaparición", explicó Hilario Moreno, director de Dicen.
El relevamiento también mostró un "corrimiento" en el acuerdo con el gobierno y la aprobación de su actuación frente a la denuncia de desaparición forzada. En la primera etapa de consulta, el 24,7 aseguró estar "muy de acuerdo" con el rol del Ejecutivo frente al caso, mientras que un 25,5 se pronunció "muy en desacuerdo". En una franja intermedia, el 16,8 y el 16,9 se expresó "algo de acuerdo" y "algo en desacuerdo", respectivamente.
Tras la marcha y los giros en la investigación -especialmente la declaración del joven mapuche testigo directo de la actuación de Gendarmería- el apoyo absoluto al Gobierno cayó en más de 5 puntos: el 19, 5 dijo estar "muy de acuerdo" con la postura de la gestión nacional, y, por el contrario, el 27,7 se expresó "muy en desacuerdo". Los matices "algo de acuerdo" y "algo en desacuerdo" sumaron esta vez el 20,7 y 16,8%, respectivamente.
"El cambio es más leve en cuanto a la actuación del gobierno, pero las cifras muestran que empeoró el acuerdo", completó Moreno.
La opinión sobre el rol de los medios en la cobertura del caso también marcó una clara divisoria: el 20,8 de los consultados desaprobó totalmente la tarea de la prensa, mientras que el acuerdo o aprobación absoluta se limitó al 16,6 por ciento. «
La percepción ciudadana sobre el rol y responsabilidad del gobierno también sufrió esos vaivenes. Una encuesta de la consultora Dicen exclusiva para Tiempo confirma el cambio de opinión en la provincia de Buenos Aires, el territorio clave de las próximas elecciones legislativas de octubre.
La investigación se realizó en dos etapas: el 1 y 2 de septiembre, la primera; y una semana después, el 7 y 8, la segunda. Se concretaron 1250 entrevistas telefónicas recolectadas a través de IVR (sistema automatizado) en todo el distrito provincial.
Antes de la marcha a Plaza de Mayo, los bonaerenses quedaron divididos en partes iguales al ser consultados sobre qué le paso a Maldonado. El 32,8% responsabilizó a la Gendarmería, mientras que el 31,6 apuntó a la comunidad mapuche. Además, un 6,3% señaló que el joven está extraviado, el 9,4 dijo que no había escuchado hablar del caso, y un 19,4 contestó que no sabía qué le pudo haber pasado.
El estudio reveló que, entre quienes apuntaron a Gendarmería, la imagen negativa del presidente sumaba el 72,3 por ciento. Asimismo, el 51,2 de quienes apuntaron a los mapuches tenían una percepción positiva del mandatario.
Una semana después, las respuestas vuelven la mirada sobre la fuerza que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se empeña en defender. El 36,3% culpó a la Gendarmería y un 27, 2 (casi cinco puntos menos que en la primera medición) volvió a señalar a los mapuches. En la misma secuencia, el 7% dijo que Maldonado se perdió, el 7,9 afirmó que no estaba informado, y el 20,8 persistió en el "no sabe".
"En la percepción social el tema arrancó como 'caído en la grieta', con porcentajes muy parejos que reflejaban el apoyo o no al gobierno de Mauricio Macri. Algo de esa situación empezó a modificarse y comienza a predominar la hipótesis que apunta a Gendarmería como principal responsable de la desaparición", explicó Hilario Moreno, director de Dicen.
El relevamiento también mostró un "corrimiento" en el acuerdo con el gobierno y la aprobación de su actuación frente a la denuncia de desaparición forzada. En la primera etapa de consulta, el 24,7 aseguró estar "muy de acuerdo" con el rol del Ejecutivo frente al caso, mientras que un 25,5 se pronunció "muy en desacuerdo". En una franja intermedia, el 16,8 y el 16,9 se expresó "algo de acuerdo" y "algo en desacuerdo", respectivamente.
Tras la marcha y los giros en la investigación -especialmente la declaración del joven mapuche testigo directo de la actuación de Gendarmería- el apoyo absoluto al Gobierno cayó en más de 5 puntos: el 19, 5 dijo estar "muy de acuerdo" con la postura de la gestión nacional, y, por el contrario, el 27,7 se expresó "muy en desacuerdo". Los matices "algo de acuerdo" y "algo en desacuerdo" sumaron esta vez el 20,7 y 16,8%, respectivamente.
"El cambio es más leve en cuanto a la actuación del gobierno, pero las cifras muestran que empeoró el acuerdo", completó Moreno.
La opinión sobre el rol de los medios en la cobertura del caso también marcó una clara divisoria: el 20,8 de los consultados desaprobó totalmente la tarea de la prensa, mientras que el acuerdo o aprobación absoluta se limitó al 16,6 por ciento. «
Las cinco falacias que modelaron el zig zag oficial
El gobierno abonó hipótesis falsas y puso en duda el relato de los testigos y la familia.
En los últimos 41 días, el gobierno describió un zig zag frente
al caso Maldonado. Abonó hipótesis falsas, acusó a la familia de no
colaborar, puso en duda la presencia del joven el día de la represión a
los mapuches en Esquel y negó que un funcionario clave de la ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich, hubiera estado en el lugar, en un intento
por despegar a Gendarmería y deslindar su propia responsabilidad
política en el caso.
La primera reacción de la ministra de Seguridad, quien fue la vocera oficial hasta la semana pasada, fue poner en duda que Maldonado hubiera estado en el lugar el 1º de agosto durante el operativo de Gendarmería con el que se desalojó a la comunidad mapuche de Cushamen de la ruta 40. "No tenemos indicios de que Santiago haya estado en el lugar, porque todas las personas estaban encapuchadas", dijo la funcionaria el 7 de agosto y relativizó las declaraciones de testigos mapuches que confirmaban su presencia en el corte. Dos días después, se halló la gorra y el collar del joven en donde fue visto por última vez y, a fines de agosto, la familia presentó un video que lo muestra en el corte de ruta.
Corrió el foco hacia la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y su violencia como metodología para recuperar las tierras: "No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina; esa es la lógica que están planteando". El objetivo era mostrar la vinculación de Maldonado con ese grupo, algo que fue desmentido por la familia del artesano y hasta por los propios mapuches.
Después vino la defensa a la Gendarmería, cuerpo que está bajo sus órdenes, frente a la acusación de la familia Maldonado y de los dos testigos mapuches de que se lo habían llevado detenido. En su informe ante el Senado de la Nación, 15 días después de la represión, Bullrich defendió a esa fuerza de seguridad y pidió que no la estigmaticen ni la comparen "con las fuerzas de seguridad de la década del '70". Negó que fuera una "desaparición forzada" y reforzó su defensa con la frase: "No voy a cometer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana para sacarme responsabilidades".
En simultáneo, la ministra sentó la hipótesis falsa más fuerte: la del puestero de Luciano Benetton. En su informe a los senadores, Bullrich abonó esa teoría al asegurar que un trabajador de la estancia Los Retamos del empresario italiano había herido con un cuchillo a uno de cuatro mapuches del RAM que lo habían atacado. Ese episodio había ocurrido el 21 de julio y la hipótesis que el gobierno abonó era que el herido, al que el puestero no había podido ver, podía ser Santiago Maldonado, quien habría muerto o habría sido asistido en Chile.
La versión se fue cayendo por su propio peso. El puestero aseguró en varias entrevistas que la herida que había provocado no era de muerte. La familia mostró los mensajes de texto que había intercambiado con Maldonado por su cumpleaños el 25 de julio y, finalmente, el ADN de la sangre hallada en el cuchillo dio negativo.
Otra pista falsa fue la de Entre Ríos: un camionero aseguró que había llevado a Maldonado en la ruta y poco después apareció un video del falso Santiago en un negocio. El joven en cuestión publicó en Facebook: "El del video soy yo. Falsa información". La última pista que volvió a alimentar la versión de que Santiago no está desaparecido apareció el jueves cuando un matrimonio de Tierra del Fuego aseguró haber llevado a Maldonado en su camioneta, que estaba perdido y no recordaba su nombre. La familia de un joven con problemas neurológicos que está perdido desde 2016 dijo que podría tratarse de su hijo.
La presencia del jefe de Gabinete, Pablo Noceti, el día de la represión terminó siendo un boomerang. Bullrich y Peña negaron que haya dado órdenes a la Gendarmería. La ministra aseguró que sólo "pasó a saludar" cuando iba camino a Esquel. Pero el comandante mayor Diego Balari aseguró después que siguieron "órdenes precisas" del Ministerio de Seguridad y el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, dijo ante la Legislatura que Noceti fue quien coordinó el operativo de desalojo el día previo junto a las fuerzas federales.
Por último, el gobierno cargó contra la familia y la acusó de no querer colaborar desde el primer día. Dijeron que habían tardado dos días en hacer la denuncia; que no colaboraban en los peritajes y que tampoco querían hablar con los funcionarios. "Parece que lo que quieren buscar es acusar al gobierno, de ponerlo en una situación difícil en lugar de estar todos juntos trabajando por un mismo objetivo", dijo Bullrich. «
La
última vez que se vio con vida a Santiago Maldonado se encontraba junto
a una comunidad mapuche en Cushamen, una localidad de la provincia
argentina de Chubut, reclamando la posesión de tierras ancestrales que
hoy están en manos del grupo Benetton, una reconocida empresa textil
italiana. Además, exigían la liberación de su líder, Facundo Jones
Huala, a quien consideran un preso político. Interpretar estos
antecedentes es fundamental para comprender que el último y trágico accionar de las autoridades no se corresponde a un caso aislado.
En efecto, el lunes 31 de julio ya hubo un enfrentamiento entre activistas y los agentes, con al menos nueves detenciones, por reclamar frente a un Juzgado Federal de Bariloche por su compañero encarcelado. Además, en enero de este año, la Policía provincial ingresó a la misma comunidad y un mapuche recibió un balazo de plomo en el cuello, entre los heridos más destacables de aquella jornada.
Maldonado es la punta del iceberg. El trasfondo se centra en la disputa de centenares de hectáreas donde está en juego la explotación de recursos naturales como la soja, el petróleo, la madera, el oro, el gas, el agua y hasta la energía eléctrica. Sobre ello, el reclamo indígena atenta contra el modelo económico extractivo del país, dominado por compañías privadas. Cabe mencionar que el próximo 23 de noviembre vencerá la prórroga de una ley que prohíbe el desalojo de estas comunidades, y el Congreso todavía no la extendió. El panorama puede empeorar considerablemente en tan solo unas semanas.
Por
otro lado, a pesar de la indignación que causó la desaparición forzosa
ocurrida el 1 de agosto durante la represión, los sectores de la prensa
más consumidos de Argentina atacaron de forma corporativa a los miembros
más combativos de este colectivo. La intención es clara: alejar la idea
de un nuevo desaparecido en democracia por parte de las fuerzas de
seguridad y dar a entender que el suceso se trató simplemente de un
enfrentamiento estatal contra un grupo radicalizado y extremista que
detesta al país tal como se lo conoce hoy. En los años 70, durante la
dictadura local, usaron el mismo argumento para desaparecer a 30.000
personas, acusando a las víctimas de 'subversivos'. Hoy, en 2017, se
compara a las comunidades mapuches con el Estado Islámico en pleno
'prime time'.
El referente del pueblo originario tiene 31 años. Nació en Bariloche y, según explica, es una "autoridad política y filosófica" entre su gente. Tiene influencia entre otros líderes indígenas de la zona, fue un "combatiente y militante revolucionario de la fuerza mapuche" y por eso considera que es "perseguido". Mejor dicho, encarcelado. "No niego que fui parte de acciones de resistencia o sabotaje", reconoce, pero aclara que sobre el incendio no tiene "nada que ver".
También explica que su movimiento "reivindica estas acciones de autodefensa", pero no interfieren en la vida de civiles: "Los ataques son solo a propiedades o bienes materiales". En efecto, de ello se encarga la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aunque Facundo manifiesta que ya no pertenece a la agrupación por "estar detenido" y por tener "problemas de salud". También comenta que no sabe "cuántas personas están en la RAM", pero describe: "Es la unión de todas las comunidades autónomas en resistencia, que conforman una organización más amplia que es el Movimiento Mapuche Autónomo del Wallmapu" -así le llaman al territorio mapuche, hoy atravesado por Chile y Argentina-.
El entrevistado se convirtió en 'Lonko' por descendencia; el cargo ya había sido ocupado por su tío. Además, alude su rol a "hechos sobrenaturales del mundo espiritual", pero su participación en las causas indígenas fue fundamental para ser reconocido entre sus pares: "Me involucro en el movimiento político mapuche desde los 14 años, en tiempos donde se desataba la crisis del 2001. Todo eso ahora me tiene acá, entre rejas".
Santiago Maldonado fue uno de los jóvenes que se sintieron atraídos por estas consignas y sin ser mapuche se unió a los reclamos. Según explica Jones Huala, no pueden considerarse anarquistas porque no congenian con ninguna ideología occidental, aunque particularmente tiene simpatías por esta clase de corrientes.
Estos grupos aborígenes y organizados se perciben como "anticapitalistas, antioligárquicos y antiimperialistas", pero "antes que nada, humanistas". La resistencia apunta hacia el "embate" de las mineras, petroleras, hidroeléctricas, forestales y "todo lo que tiende a destruir el territorio". Además, destaca: "Planteamos una lucha de liberación nacional y reconstrucción del mundo mapuche, con nuestras formas tradicionales de vida en los lugares recuperados ante las grandes empresas y los terratenientes. Siempre considerando y respetando a otras culturas que también habitan allí, no le diríamos a nadie cómo tendría que vivir. No nos interesa confrontar con el campesinado pobre o clase obrera argentina y chilena".
Por otro lado, Facundo hace fuerte hincapié en desmentir al Gobierno y parte de la prensa local: "No planteamos una rebelión contra el Estado, sino contra el latifundio. La modificación de los Estados depende del grado de conciencia que tengan las sociedades. Tampoco queremos una secesión, como dicen muchos medios. Solo queremos una autonomía territorial y que se nos permita vivir como siempre lo hicimos". Sin embargo, reconoce que su estilo de vida propone una confrontación directa con el capitalismo. Aún así, sostiene que plantearon un proceso de diálogo con el Gobierno, "pero siempre estuvo ausente y solo apareció para defender los intereses de estos terratenientes".
En cuanto a las autoridades, opina que muchos miembros del Ejecutivo de Mauricio Macri están directamente vinculados al problema territorial y tienen conflictos de intereses con los pueblos originarios: "Marcos Peña -jefe de Gabinete de Ministros- es familiar del dueño de La Anónima, el supermercado que posee tierras cerca de Cushamen. Patricia y Esteban Bullrich -ministros de Seguridad y Educación, respectivamente- son familiares de los famosos Bullrich, que negociaron las tierras con los ingleses durante la Conquista del Desierto -campañas militares donde se desterró a los indígenas para abrir paso al Estado moderno y extender las fronteras argentinas entre 1878 y 1885-.
El líder opina que actualmente "hay una suerte de Plan Cóndor disfrazado que tratan de ocultar", y se defiende: "Quieren pegarnos al kirchnerismo, cuando siempre hemos confrontado con él". A su vez, está convencido de que ser "independientes" les da libertad para plantear sus propias convicciones, "aunque no suene políticamente correcto". Si bien no impulsan un "Estado paralelo", Jones Huala dice que "sería mucho más fácil si Argentina tuviese un sistema plurinacional como el de Bolivia".
"Seguramente, Gendarmería confundió a Santiago Maldonado con uno de nosotros"
En realidad, no conoció personalmente a Maldonado, pero está consciente de que fue desaparecido mientras reclamaba por su liberación. Al respecto, sabe que estuvo involucrado en otras manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. "Era un compañero, un amigo no mapuche de tendencia anarquista. Se solidarizó. Llegó simpatizando con las propuestas del Movimiento Mapuche Autónomo del Wallmapu", describe, según se enteró.
También
opina: "Seguramente lo habrán confundido con uno de nosotros y entre la
balacera lo chuparon, o se les fue la mano". Jones Huala es uno de los
que están convencidos de que el operativo respondía a una orden
del Ministerio de Seguridad, y que "fue comandado por Pablo Nocetti,
mano derecha de Bullrich". Según menciona al otro lado del
teléfono, el apuntado por organismos de derechos humanos como uno de los
principales responsables, "días antes dijo en los medios que iba a
cazar a los mapuches y sus simpatizantes, y reprimir manifestaciones".
Este no es el primer desaparecido que hay en aquel territorio alejado de la capital, "sucede que los desaparecidos mapuches no tienen mucha relevancia", se lamenta. Además, insiste en que si Maldonado fuese un indígena "el caso no tendría tanta difusión", y critica a la ciudadanía por ello: "Eso habla mucho de la psicología de las masas, de un pensamiento colonial y racista arraigado en la sociedad argentina, también en sectores progresistas". Sin embargo, reconoce que "con el caso de Santiago Maldonado se despertó un sentimiento muy humano y digno, que es la solidaridad", y suma: "Estas masas y el pueblo se sintieron tocados con lo que le sucedió al compañero".
Mientras tanto, el joven argentino sigue sin aparecer y Jones Huala permanece detenido. El año pasado ya lo habían encarcelado por el pedido de extradición, pero la Corte Suprema intervino para pedir su liberación. "Llevo acá bastante tiempo, por una situación de persecución política", alerta, y relata: "Justo el mismo día en que fui detenido, Macri tenía una reunión con Michelle Bachellet, donde mi caso particular fue un tema de agenda bilateral". Para finalizar, considera: "Ya fui juzgado por esos hechos el año pasado y ahora dicen que tienen que hacer de nuevo el mismo juicio con argumentos técnicos totalmente falaces. Se vulneraron todas las garantías jurídicas y el debido proceso, y me encuentro nuevamente encarcelado como prisionero político de la comunidad mapuche".
Leandro Lutzky
La primera reacción de la ministra de Seguridad, quien fue la vocera oficial hasta la semana pasada, fue poner en duda que Maldonado hubiera estado en el lugar el 1º de agosto durante el operativo de Gendarmería con el que se desalojó a la comunidad mapuche de Cushamen de la ruta 40. "No tenemos indicios de que Santiago haya estado en el lugar, porque todas las personas estaban encapuchadas", dijo la funcionaria el 7 de agosto y relativizó las declaraciones de testigos mapuches que confirmaban su presencia en el corte. Dos días después, se halló la gorra y el collar del joven en donde fue visto por última vez y, a fines de agosto, la familia presentó un video que lo muestra en el corte de ruta.
Corrió el foco hacia la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y su violencia como metodología para recuperar las tierras: "No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina; esa es la lógica que están planteando". El objetivo era mostrar la vinculación de Maldonado con ese grupo, algo que fue desmentido por la familia del artesano y hasta por los propios mapuches.
Después vino la defensa a la Gendarmería, cuerpo que está bajo sus órdenes, frente a la acusación de la familia Maldonado y de los dos testigos mapuches de que se lo habían llevado detenido. En su informe ante el Senado de la Nación, 15 días después de la represión, Bullrich defendió a esa fuerza de seguridad y pidió que no la estigmaticen ni la comparen "con las fuerzas de seguridad de la década del '70". Negó que fuera una "desaparición forzada" y reforzó su defensa con la frase: "No voy a cometer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana para sacarme responsabilidades".
En simultáneo, la ministra sentó la hipótesis falsa más fuerte: la del puestero de Luciano Benetton. En su informe a los senadores, Bullrich abonó esa teoría al asegurar que un trabajador de la estancia Los Retamos del empresario italiano había herido con un cuchillo a uno de cuatro mapuches del RAM que lo habían atacado. Ese episodio había ocurrido el 21 de julio y la hipótesis que el gobierno abonó era que el herido, al que el puestero no había podido ver, podía ser Santiago Maldonado, quien habría muerto o habría sido asistido en Chile.
La versión se fue cayendo por su propio peso. El puestero aseguró en varias entrevistas que la herida que había provocado no era de muerte. La familia mostró los mensajes de texto que había intercambiado con Maldonado por su cumpleaños el 25 de julio y, finalmente, el ADN de la sangre hallada en el cuchillo dio negativo.
Otra pista falsa fue la de Entre Ríos: un camionero aseguró que había llevado a Maldonado en la ruta y poco después apareció un video del falso Santiago en un negocio. El joven en cuestión publicó en Facebook: "El del video soy yo. Falsa información". La última pista que volvió a alimentar la versión de que Santiago no está desaparecido apareció el jueves cuando un matrimonio de Tierra del Fuego aseguró haber llevado a Maldonado en su camioneta, que estaba perdido y no recordaba su nombre. La familia de un joven con problemas neurológicos que está perdido desde 2016 dijo que podría tratarse de su hijo.
La presencia del jefe de Gabinete, Pablo Noceti, el día de la represión terminó siendo un boomerang. Bullrich y Peña negaron que haya dado órdenes a la Gendarmería. La ministra aseguró que sólo "pasó a saludar" cuando iba camino a Esquel. Pero el comandante mayor Diego Balari aseguró después que siguieron "órdenes precisas" del Ministerio de Seguridad y el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, dijo ante la Legislatura que Noceti fue quien coordinó el operativo de desalojo el día previo junto a las fuerzas federales.
Por último, el gobierno cargó contra la familia y la acusó de no querer colaborar desde el primer día. Dijeron que habían tardado dos días en hacer la denuncia; que no colaboraban en los peritajes y que tampoco querían hablar con los funcionarios. "Parece que lo que quieren buscar es acusar al gobierno, de ponerlo en una situación difícil en lugar de estar todos juntos trabajando por un mismo objetivo", dijo Bullrich. «
Líder mapuche desde la prisión: "Hay una suerte de Plan Cóndor disfrazado que tratan de ocultar"
Publicado: 9 sep 2017 09:55 GMT | Última actualización: 9 sep 2017 09:56 GMT - RT
Tras la desaparición de Santiago Maldonado
el 1 de agosto en Argentina durante un operativo de la Gendarmería
contra una comunidad mapuche, el discurso gubernamental y sus medios
afines estigmatizaron el accionar del pueblo originario para reducir el
costo político de un hecho repudiado en gran parte del mundo. "Se
dijeron muchas mentiras", adelantó uno de sus líderes. ¿Alguien se
preguntó realmente qué quieren los mapuches? Es la clave para entender
por qué falta el joven artesano.
Facundo Jones Huala, líder mapuche de la localidad de Cushamen, provincia de Chubut, Argentina.
Youtube / Leandro Antiman
En efecto, el lunes 31 de julio ya hubo un enfrentamiento entre activistas y los agentes, con al menos nueves detenciones, por reclamar frente a un Juzgado Federal de Bariloche por su compañero encarcelado. Además, en enero de este año, la Policía provincial ingresó a la misma comunidad y un mapuche recibió un balazo de plomo en el cuello, entre los heridos más destacables de aquella jornada.
Maldonado es la punta del iceberg. El trasfondo se centra en la disputa de centenares de hectáreas donde está en juego la explotación de recursos naturales como la soja, el petróleo, la madera, el oro, el gas, el agua y hasta la energía eléctrica. Sobre ello, el reclamo indígena atenta contra el modelo económico extractivo del país, dominado por compañías privadas. Cabe mencionar que el próximo 23 de noviembre vencerá la prórroga de una ley que prohíbe el desalojo de estas comunidades, y el Congreso todavía no la extendió. El panorama puede empeorar considerablemente en tan solo unas semanas.
Mapuches y Kollas protestan contra proyectos energéticos de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
/ Reuters
Entre rejas
"¡Facundo! ¡Teléfono para vos!", grita un efectivo de la Unidad Penitenciaria Federal N° 14 de la ciudad de Esquel, al sur de Argentina, ante el llamado de RT. El 'Lonko' (líder mapuche) de Cushamen está detenido desde el 27 de junio y enfrenta un pedido de extradición solicitado por Chile; se lo acusa de cometer un incendio en una estancia al otro lado de la cordillera de Los Andes. La prisión es pequeña, comparte el pabellón junto a 18 internos de provincias como Buenos Aires y Santa Fe condenados por robo y narcotráfico. Duermen todos juntos, en cuchetas, aunque a Jones Huala no lo atienden tan mal: "Con este conflicto, me tratan con pinzas; acá todos reconocen que soy un preso político. Es obvio, aunque traten de pasarlo como delincuencia común o terrorismo", expresa desde la cárcel.El referente del pueblo originario tiene 31 años. Nació en Bariloche y, según explica, es una "autoridad política y filosófica" entre su gente. Tiene influencia entre otros líderes indígenas de la zona, fue un "combatiente y militante revolucionario de la fuerza mapuche" y por eso considera que es "perseguido". Mejor dicho, encarcelado. "No niego que fui parte de acciones de resistencia o sabotaje", reconoce, pero aclara que sobre el incendio no tiene "nada que ver".
También explica que su movimiento "reivindica estas acciones de autodefensa", pero no interfieren en la vida de civiles: "Los ataques son solo a propiedades o bienes materiales". En efecto, de ello se encarga la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aunque Facundo manifiesta que ya no pertenece a la agrupación por "estar detenido" y por tener "problemas de salud". También comenta que no sabe "cuántas personas están en la RAM", pero describe: "Es la unión de todas las comunidades autónomas en resistencia, que conforman una organización más amplia que es el Movimiento Mapuche Autónomo del Wallmapu" -así le llaman al territorio mapuche, hoy atravesado por Chile y Argentina-.
El entrevistado se convirtió en 'Lonko' por descendencia; el cargo ya había sido ocupado por su tío. Además, alude su rol a "hechos sobrenaturales del mundo espiritual", pero su participación en las causas indígenas fue fundamental para ser reconocido entre sus pares: "Me involucro en el movimiento político mapuche desde los 14 años, en tiempos donde se desataba la crisis del 2001. Todo eso ahora me tiene acá, entre rejas".
¿Cuáles son las causas de la lucha mapuche?
"Nuestros pedidos más urgentes son la restitución de las tierras en conflicto, desmilitarización de la zona, la no extradición de los líderes y la expulsión de latifundistas como Benetton y Lewis", enumera.Santiago Maldonado fue uno de los jóvenes que se sintieron atraídos por estas consignas y sin ser mapuche se unió a los reclamos. Según explica Jones Huala, no pueden considerarse anarquistas porque no congenian con ninguna ideología occidental, aunque particularmente tiene simpatías por esta clase de corrientes.
Estos grupos aborígenes y organizados se perciben como "anticapitalistas, antioligárquicos y antiimperialistas", pero "antes que nada, humanistas". La resistencia apunta hacia el "embate" de las mineras, petroleras, hidroeléctricas, forestales y "todo lo que tiende a destruir el territorio". Además, destaca: "Planteamos una lucha de liberación nacional y reconstrucción del mundo mapuche, con nuestras formas tradicionales de vida en los lugares recuperados ante las grandes empresas y los terratenientes. Siempre considerando y respetando a otras culturas que también habitan allí, no le diríamos a nadie cómo tendría que vivir. No nos interesa confrontar con el campesinado pobre o clase obrera argentina y chilena".
Por otro lado, Facundo hace fuerte hincapié en desmentir al Gobierno y parte de la prensa local: "No planteamos una rebelión contra el Estado, sino contra el latifundio. La modificación de los Estados depende del grado de conciencia que tengan las sociedades. Tampoco queremos una secesión, como dicen muchos medios. Solo queremos una autonomía territorial y que se nos permita vivir como siempre lo hicimos". Sin embargo, reconoce que su estilo de vida propone una confrontación directa con el capitalismo. Aún así, sostiene que plantearon un proceso de diálogo con el Gobierno, "pero siempre estuvo ausente y solo apareció para defender los intereses de estos terratenientes".
Se busca: enemigo interno
"La tergiversación es para generar un enemigo interno que no existe, produciendo condiciones de confrontación entre la sociedad civil, cuando la verdadera confrontación es con empresas", resume. En ese aspecto, arremete contra el Grupo Clarín, el mayor conglomerado de multimedios en Argentina: "Es el gran responsable de muchas mentiras tendenciosas, tiene más poder que el propio Gobierno".En cuanto a las autoridades, opina que muchos miembros del Ejecutivo de Mauricio Macri están directamente vinculados al problema territorial y tienen conflictos de intereses con los pueblos originarios: "Marcos Peña -jefe de Gabinete de Ministros- es familiar del dueño de La Anónima, el supermercado que posee tierras cerca de Cushamen. Patricia y Esteban Bullrich -ministros de Seguridad y Educación, respectivamente- son familiares de los famosos Bullrich, que negociaron las tierras con los ingleses durante la Conquista del Desierto -campañas militares donde se desterró a los indígenas para abrir paso al Estado moderno y extender las fronteras argentinas entre 1878 y 1885-.
El líder opina que actualmente "hay una suerte de Plan Cóndor disfrazado que tratan de ocultar", y se defiende: "Quieren pegarnos al kirchnerismo, cuando siempre hemos confrontado con él". A su vez, está convencido de que ser "independientes" les da libertad para plantear sus propias convicciones, "aunque no suene políticamente correcto". Si bien no impulsan un "Estado paralelo", Jones Huala dice que "sería mucho más fácil si Argentina tuviese un sistema plurinacional como el de Bolivia".
"Seguramente, Gendarmería confundió a Santiago Maldonado con uno de nosotros"
En realidad, no conoció personalmente a Maldonado, pero está consciente de que fue desaparecido mientras reclamaba por su liberación. Al respecto, sabe que estuvo involucrado en otras manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. "Era un compañero, un amigo no mapuche de tendencia anarquista. Se solidarizó. Llegó simpatizando con las propuestas del Movimiento Mapuche Autónomo del Wallmapu", describe, según se enteró.
Una
mujer sostiene un cartel con el rostro de Santiago Maldonado, el joven
argentino que está desaparecido desde el 1 de agosto tras un operativo
de Gendarmería en el sur de Argentina.
/ Marcos Brindicci
/ Reuters
Este no es el primer desaparecido que hay en aquel territorio alejado de la capital, "sucede que los desaparecidos mapuches no tienen mucha relevancia", se lamenta. Además, insiste en que si Maldonado fuese un indígena "el caso no tendría tanta difusión", y critica a la ciudadanía por ello: "Eso habla mucho de la psicología de las masas, de un pensamiento colonial y racista arraigado en la sociedad argentina, también en sectores progresistas". Sin embargo, reconoce que "con el caso de Santiago Maldonado se despertó un sentimiento muy humano y digno, que es la solidaridad", y suma: "Estas masas y el pueblo se sintieron tocados con lo que le sucedió al compañero".
Mientras tanto, el joven argentino sigue sin aparecer y Jones Huala permanece detenido. El año pasado ya lo habían encarcelado por el pedido de extradición, pero la Corte Suprema intervino para pedir su liberación. "Llevo acá bastante tiempo, por una situación de persecución política", alerta, y relata: "Justo el mismo día en que fui detenido, Macri tenía una reunión con Michelle Bachellet, donde mi caso particular fue un tema de agenda bilateral". Para finalizar, considera: "Ya fui juzgado por esos hechos el año pasado y ahora dicen que tienen que hacer de nuevo el mismo juicio con argumentos técnicos totalmente falaces. Se vulneraron todas las garantías jurídicas y el debido proceso, y me encuentro nuevamente encarcelado como prisionero político de la comunidad mapuche".
Leandro Lutzky
